La nueva ley establece, entre otras prerrogativas, la garantía del Estado a los derechos de los extranjeros, así como sus deberes y obligaciones.
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Este domingo, el Presidente Sebastián Piñera se trasladó a la comuna de Iquique, en la Región de Tarapacá, con el fin de promulgar y hacer entrar en vigencia la nueva Ley de Migraciones, texto normativo que viene a reemplazar a la Ley de Extranjería, y que promueve la creación de una nueva orgánica en la materia.
En ese sentido, y desde un punto de prensa dado en el Monumento al Marinero Desconocido, el Mandatario aseguró que el catálogo incluido en la nueva ley, incluye "visa de turista, trabajo, estudiante, reunificación familiar, razones humanitaria, oportunidades y otras" para los extranjeros que pasen por el país.
Asimismo, destacó la nueva institucionalidad creada por la norma, manifestando que esta actuará "a través del Servicio Nacional de Migraciones y sus direcciones regionales, que contará con procedimientos y tecnología moderna".
En la misma línea, Piñera recalcó que la ley busca "promover los derechos y oportunidades de los migrantes, pero también exigir sus derechos y obligaciones" y que además "facilita las expulsiones administrativas de los migrantes que ingresan a Chile en forma ilegal, por pasos clandestinos, sin cumplir nuestras leyes ni validar sus antecedentes penales".
"Con esta nueva ley estamos poniendo orden en nuestra casa, que fue un compromiso que asumimos como Gobierno, para asumir los legítimos intereses de nuestros compatriotas y de los migrantes que ingresan a Chile de forma legal", dijo el Jefe de Estado.
La nueva ley establece, entre otras prerrogativas, la garantía del Estado a los derechos de los extranjeros, así como sus deberes y obligaciones, además de sincerar la razón por la cual un ciudadano foráneo viene a nuestro país, para que las personas que tengan intención de establecerse en Chile, puedan pedir su visa y tengan acceso a cédula de identidad.
Asimismo, se pretende desincentivar el paso por lugares no habilitados, fijando el fin de la necesidad de denuncia penal para realizar la expulsión de una persona ilegal en el país.
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