El jefe de la bancada DC, Ricardo Rincón, y el presidente de la Comisión de Defensa, Jaime Pilowsky, junto a los diputados DC Marcelo Chávez, Juan Morano y René Saffirio, ingresaron hoy la solicitud para crear una comisión especial investigadora.
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El jefe de la bancada DC, Ricardo Rincón, y el presidente de la Comisión de Defensa, Jaime Pilowsky, junto a los diputados DC Marcelo Chávez, Juan Morano y René Saffirio, ingresaron hoy la solicitud para crear una comisión especial investigadora destinada a aclarar los hechos relativos al millonario fraude en el Ejército ,con fondos de la Ley Reservada del Cobre.
Si bien existen diversas cifras sobre el fraude, que está siendo investigado por la Justicia Militar y Civil, se ha señalado que la suma alcanzaría los 1.800 millones de pesos y que el modus operandi sería el de facturas fraudulentas.
Según lo señalado por Rincón, "se busca de indagar las responsabilidades que permitieron el fraude fiscal ocurrido en el Ejército a través de la apropiación indebida de fondos derivados de la Ley Reservada del Cobre entre los años 2011 y el presente".
También presente establecer las "fallas en el sistema de control del gasto en defensa acaecidos en este proceso, analizando el procedimiento a través del cual se seleccionan los proyectos que involucran gastos en sistemas de defensa. Y, que se transparente dónde se encuentran los fondos de la Ley Reservada del Cobre, analizando su forma de administración y fiscalización del uso de los mismos."
En un plazo no superior a 120 días, la comisión deberá, además, remitir sus conclusiones a los órganos que correspondan, "proponiendo las medidas que sean conducentes para corregir las presuntas irregularidades que se descubran a objeto de evitar que en el futuro vuelvan a ocurrir."
Por su parte, el diputado DC Jaime Pilowsky, presidente de la comisión de Defensa, señaló que "los diputados no podemos eludir nuestra función fiscalizadora. Lo más importante es que las conclusiones que resulten del trabajo de estas comisiones produzcan cambios en la manera de hacer las cosas y se generen propuestas de modificaciones legales y administrativas que mejoren la eficiencia, eficacia y Transparencia de las instituciones del Estado".
Añadió que "esto no debe ser visto como un ataque al Ejército, pues, hasta ahora, es un grupo pequeño quien se aprovechó del sistema. Estas situaciones son lamentables y deben transformarse en una oportunidad para mejorar los sistemas de control, que en esta caso eran absolutamente deficientes".
Los hechos denunciados han dado lugar a dos procedimientos judiciales: Uno en la Justicia Militar, donde se involucra a dos funcionarios del Ejército y que es intruido por la fiscal militar Paola Jofré, de la Sexta Fiscalía Militar de Santiago.
Y otro en la Justicia Civil, que involucra al proveedor que facilitó las facturas por servicios no prestados, investigación liderada por la fiscal Ximena Chong, de la Fiscalía Centro Norte.
Ambas causas procesan a los implicados por fraude al fisco, mientras que los militares deben responder además en su calidad de funcionarios públicos.
Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte de la causa civil, por medio del abogado Raúl Llanos, quien sostiene que la investigación debe remontarse al menos hasta el año 2013.
Pn/cp
ATON CHILE
