La Cámara de Diputados realizó una sesión especial, en la cual la oposición enfatizó en la necesidad de avanzar en la búsqueda de justicia para las víctimas.
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Durante la jornada de este miércoles, se realizó una sesión especial en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, con el fin de evaluar avances en materia de justicia y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos, cometidas por las Fuerzas de Orden y Seguridad, desde octubre del 2019, en el marco del estallido social.
Dentro de la cita, el diputado Gonzalo Winter (CS) argumentó que "desde octubre de 2019, la respuesta del Estado de Chile a la situación de movilizaciones generalizadas a lo largo del país ha incluido masiva y generalizada violación de derechos humanos hacia la población civil".
Ello, cometido por agentes del Estado, como funcionarios de las policías y de las Fuerzas Armadas, a través del uso desproporcionado de la fuerza, del "uso indiscriminado de perdigones y elementos químicos y vulneraciones como lesiones, tortura, detenciones arbitrarias y muerte".
Por tal motivo, el parlamentario frenteamplista manifestó su rechazo ante el hecho de que hasta octubre de 2020 sólo existieran 75 personas formalizadas, 25 en prisión preventiva y sólo un condenado.
Al respecto, los legisladores coincidieron en que las violaciones a los DD.HH. surgidas luego del estallido social deben ser reparadas por el Estado, ya que el rol de los tribunales ha tenido pocos avances en justicia y reparación.
A nombre del Ejecutivo hicieron uso de la palabra los ministros del Interior y Seguridad Pública, y de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Delgado y Hernán Larraín, respectivamente.
El ministro Delgado, por su parte indicó que el Gobierno trabaja en una reforma a las policías para asegurar a las personas el respeto a los DD.HH., mejorando los protocolos en el control de las manifestaciones, asegurando la evidencia y fomentando la presencia de fiscales en terreno; mejorando los canales de denuncia, separando a los funcionarios investigados y fomentando uso de municiones menos letales, dejando las escopetas antidisturbios sólo para situaciones de extrema violencia.
Ello, según el jefe de Gabinete, se encuentra "unido a la capacitación de Carabineros, formación de personal operativo en DD.HH. y derechos de la niñez", entre otras medidas.
El ministro del Interior consideró que se ha avanzado en la reparación en ciertos casos, como con la implementación de un programa integral de trauma ocular, y para los vecinos afectados por la violencia, reparación de fachadas y recursos para 6 mil 800 pymes afectadas.
En tanto, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, señaló en relación a la investigación de los hechos denunciados, que corresponde exclusivamente al Ministerio Público, que es un órgano autónomo. Agregó que, es "un deber establecer la verdad de los abusos y atropellos, estableciendo la verdad y hacer justicia".
Añadió que la labor de su cartera y de la subsecretaría de DDHH es promocional. Sin embargo, han realizado el seguimiento de las recomendaciones de los informes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, Human Right Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y de organismos nacionales como el INDH y la Defensoría de la Niñez.
Al término de la sesión se aprobó una resolución que solicita al Presidente de la República el patrocinio del proyecto de ley que establece un procedimiento especial para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de víctimas de lesiones, mutilaciones o muertes, en el contexto de las movilizaciones sociales y la entrega de pensiones para quienes hayan quedado incapacitados total o parcialmente para trabajar.
PURANOTICIA
