La diputada UDI Marisol Turres solicitó al ente fiscalizador definir la existencia o no de una eventual ilegalidad en la designación de trabajadores de otros servicios para asumir las labores del personal movilizado.
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La diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por las comunas de Calbuco, Cochamó, Maullín y Puerto Montt, Marisol Turres, calificó de justas las aspiraciones de la Asociación de Empleados del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile (Anercich), que se mantienen en paro desde el 29 de septiembre.
Turres ofició a la Contraloría General de la República para que el organismo se pronuncie sobre la eventual ilegalidad en que incurriría el Gobierno al designar a funcionarios del Ministerio del Interior para reemplazar en sus funciones a los oficiales civiles en paro.
Esto ante el plan de contingencia que despliega el Ejecutivo para atender las ceremonias de firmas de Acuerdo de Unión Civil programadas a partir del 22 de octubre, acto que para la congresista es "intolerable" por la discriminación que se produciría *al privilegiar sólo algunos actos y no todos los servicios que los usuarios esperan realizar desde que estalló el conflicto.
En la sesión de sala, la diputada Turres atribuyó a "la negativa del Gobierno a cumplir los compromisos adquiridos hace más de un año atrás por el entonces ministro de Justicia, José Antonio Gómez", los motivos por el cual el conflicto se mantiene, haciendo referencia al Protocolo de Acuerdo firmado el 5 de agosto de 2014 por dicha autoridad, documento que también fue firmado por el entonces subsecretario de Justicia, Marcelo Albornoz Serrano.
"Han sido 22 días de intransigencia por parte del Gobierno, de soberbia de las autoridades que, lejos de buscar una solución de largo o mediano plazo a esta justa aspiración de los funcionarios, tienen sumidos en la desesperanza a millones de chilenas y chilenos que hoy día no pueden realizar un sin número de actividades", continuó exponiendo la legisladora gremialista.
Respecto al anuncio del Gobierno, sobre designar a funcionarios del Ministerio del Interior para reemplazar en sus funciones a los oficiales del Registro Civil, Marisol Turres señaló que "esta acción, así como se plantea y que a primera vista sin duda recibe los aplausos de muchos que han esperado por años este momento, no se condice con dos elementos que han llenado los discursos de muchos aquí presentes y desde hace muchísimos años. Destinar cientos de funcionarios exclusivamente a celebrar los contratos de unión civil es altamente discriminatorio con millones de personas que requieren realizar otros trámites y eso a mi juico es intolerable",
"En este Congreso estamos tramitando una reforma laboral que prohíbe el reemplazo en caso de huelga a todos los privados, sin embargo, tenemos que en el sector público si se van a reemplazar estos trabajadores destinando funcionarios desde el Ministerio del Interior para cumplir estas funciones. Sin duda que eso es un doble estándar", señaló la diputada UDI, acotando que no se trata de que esté en contra de que se realicen las ceremonias de unión civil, sino que se trata de "un acto discriminatorio" el privilegiar la realización de esos trámites.
Por esto Turres ofició a Contraloría para que "se pronuncie e informe a esta Cámara sobre la legalidad de designar a funcionarios públicos como oficiales civiles adjuntos en circunstancias en que los titulares hoy en día se encuentran vigentes en sus cargos, como asimismo, si es posible que dichas designaciones las realicen otras autoridades distintas al director nacional y directores regionales del Registro Civil e Identificación".
Pn/ci
AGENCIA UNO
