"El retorno a clases presenciales anunciado e iniciado, no se ajusta a los estándares de cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos", indicaron en una carta.
Organizaciones de la sociedad civil, por medio de una carta, acudieron a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, con el objetivo de manifestarle su negativa al plan de retorno gradual a clases presenciales que impula el Goberno.
En el documento indicaron que el plan gubernamental es una medida "contraria a las directrices de Naciones Unidas respecto a la forma cómo los Estados deben enfrentar la pandemia en sus respectivos territorios" y añadieron que la acción es "una grave amenaza al derecho a la vida y a la salud e integridad física y psíquica".
En cuanto a las directrices de Naciones Unidas mencionadas, explicaron que éstas "ponen especial énfasis en que, las medidas excepcionales que se adopten deben tener como límite el respeto irrestricto de los derechos humanos".
De igual forma, indicaron que "el retorno a clases presenciales requiere necesariamente tener absoluta certeza acerca no sólo de las condiciones de los respectivos establecimientos educacionales, sino del contexto pandémico local y su entorno, con sus comunicabilidad y desplazamientos, amén del plan de testeo y trazabilidad".
Y agregaron que "es también de la mayor importancia entender, que en esta situación de incertidumbre es crucial reconocer que, para ser efectiva la decisión de volver al colegio, ésta no puede provenir exclusivamente de un mandato de la autoridad, sino que deberá contemplar la participación de las comunidades locales, las comunidades escolares y las propias familias, garantizando la operatividad de todas las medidas de prevención para estudiantes, docentes y funcionarios; cuidando que los espacios y organización de los tiempos permitan el distanciamiento necesario; asegurando la capacitación del personal para mantener este comportamiento, como -asimismo- guiar a los estudiantes, prevenir y enseñar normas de salud y cuidado, detectar nuevos casos y disponer de una red de respuesta inmediata ante ellos, como piso mínimo".
Por último, sostuvieron ante la ex presidenta chilena que "en las condiciones descritas y con las limitaciones antes expresadas, el retorno a clases presenciales anunciado e iniciado, no se ajusta a los estándares de cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas por el Estado de Chile, sobre la base de la buena fe y tratándose de derechos tan relevantes como la Vida, la Integridad física y psíquica y la Salud, que en este caso, pueden ser afectados o puestos innecesariamente en riesgo".
Cabe indicar que la carta fue firmada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (Cchdh), el Colegio de Profesores, la Coordinadora Nacional de Estudiantes (Cones), la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación (Corpade) y el Consejo Nacional de Organizaciones Asistentes de la Educación (Conaech), solicita que la ex Presidenta chilena realice gestiones para que el Mineduc suspenda o modifique su protocolo de regreso a las aulas.
PURANOTICIA