El Consejo para la Transparencia (CPLT) acogió parcialmente un amparo de acceso a la información, en el cual se ordena al Ejército entregar nombres de las autoridades que autorizaron el comunicado emitido en marzo, en donde se habló de "cobardes, desadaptados y antichilenos".
visitas
El Consejo para la Transparencia (CPLT) acogió parcialmente un amparo de acceso a la información, en el cual se ordena al Ejército entregar nombres de las autoridades que autorizaron el polémico comunicado emitido en marzo por el ataque al monumento al general Baquedano, en donde se habló de "cobardes, desadaptados y antichilenos".
El hecho ocurrió en la madrugada del 6 de marzo cuando un grupo de manifestantes lanzó un neumático encendido a los pies de la efigie ecuestre, en plaza Baquedano, lo que sumado a elementos combustibles, terminó por perjudicar la infraestructura de la estatua, obligando a la acción de carros lanzaaguas de Carabineros, con el fin de dispersar la protesta y controlar las llamas.
El hecho fue repudiado por la institución castrense, que en un comunicado calificó al hecho como un "deleznable atentado", a una figura que se encuentra erigida "en homenaje al victorioso General Manuel Baquedano González por su liderazgo en la Guerra del Pacífico". Asimismo, se refirieron en duros términos a los responsables del hecho.
"Los cobardes desadaptados que cometieron este acto indignante y repudiable para todos nuestros compatriotas son antichilenos, porque desconocen la historia y en su ignorancia, son incapaces de descubrir el extraordinario aporte que el General Baquedano junto a miles de soldados chilenos le entregaron al país, al integrar los extensos y valiosos territorios del norte, que hoy nos enorgullecen y son muy importantes para Chile", señalaron en dicho comunicado.
Debido a que el Ejército se negó a entregar información sobre el comunicado emitido, el abogado Cristián Cruz recurrió al Consejo, organismo que finalmente ordenó a la institución castrense revelar los nombres de las autoridades involucradas en dicho comunicado, no así de los funcionarios que la redactaron.
El Consejo explicó en la resolución que "se estima que atendida la condición que poseen los funcionarios públicos, su esfera de privacidad está sujeta a un escrutinio de mayor intensidad que el resto de las personas -que se encuentran en una situación diversa-, en virtud, precisamente, de las funciones que aquellos ejercen, quedando además dicha esfera de privacidad del personal que trabaja para la Administración del Estado y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, sujeta al principio de publicidad establecido en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República; en consecuencia, se acogerá el amparo respecto a estos numerales".
PURANOTICIA
