Corte Suprema dejó sin efecto la resolución que decretó la prisión preventiva de los amparados en audiencia de 24 de septiembre del año en curso, disponiéndose su inmediata libertad.
visitas
En un extenso fallo de 14 páginas, la Segunda Sala de la Corte Suprema expuso los argumentos que la llevaron a acoger por unanimidad el recurso de amparo por los 8 detenidos en la Operación Huracán y a disponer su libertad inmediata.
En lo principal, se establece que el Juzgado de Garantía de Temuco no fundamentó debidamente las prisiones preventivas solicitadas por la fiscalía, por lo que anuló la resolución del 24 de septiembre pasado, ratificada por la Corte de Apelaciones de Temuco el 5 de octubre.
En su parte medular, el fallo señala que "como resulta de claridad meridiana, la resolución antes transcrita está lejos de acercarse al cumplimiento de las formas que la ley prevé para autorizar a un órgano jurisdiccional para decretar la prisión preventiva y así privar de su libertad personal a una persona".
Añade que "la resolución en estudio señala que tiene por acreditada la participación con la información entregada por el Ministerio Público, es decir, hace una remisión general a lo expuesto en dicha audiencia por el Fiscal compareciente sin siquiera identificar o aludir a los elementos principales de dicha exposición que le permitieron construir las presunciones fundadas de participación respecto de cada uno de los acusados".
"Repárese que el artículo 36 del Código Procesal Penal establece que no puede sustituir la fundamentación de una sentencia -y, por ende, no constituye tal- la simple mención de los medios de prueba de los intervinientes, con lo que por sobre una exposición de antecedentes, la norma ordena un análisis de los mismos 'preciso y claro' -como surge de los artículos 36 y 143, cual ya se explicó-, en los hechos y en el derecho", agrega.
"Pues bien, en el caso sub judice ni siquiera se alcanza lo que la misma norma expresamente señala que es insuficiente para considerar una sentencia como debidamente motivada, pues la juzgadora se conforma con remitir a los imputados privados de su libertad personal, a sus defensores preocupados del respeto de ese derecho, y a la sociedad interesada en la correcta administración de justicia, a todo lo expuesto y dicho por el representante del Ministerio Público -antecedentes que, a mayor abundamiento, ni siquiera están resumidos en el acta de la audiencia y, por ende, son totalmente ignorados-", según enfatiza el fallo de la Suprema.
"De ese modo, el dictamen en examen no expone en forma 'clara y precisa' los antecedentes calificados que le permitieron presumir fundadamente, pese a las alegaciones en contrario de las defensas -de las cuales, desde luego, igualmente debe hacerse cargo en forma "clara y precisa"-, que cada uno de los imputados tuvo participación en los delitos de asociación ilícita terrorista y, en el caso de los encartados Curiche Curiqueo y Tranamil Nahuel, además, en el delito de incendio, con lo cual no se ha cumplido con las formas que la Constitución y las leyes demandan para autorizar al tribunal recurrido para decretar la prisión preventiva de los amparados", agrega.
También resalta que "todo lo que se ha venido razonando, demuestra claramente que en la especie ha existido una manifiesta afectación de la libertad personal de los recurrentes al privárseles de ésta mediante una resolución que, al menos en relación al requisito de la letra b) del artículo 140 del Código Procesal Penal, es carente de toda fundamentación, de hecho y de derecho, que la justifique, lo que es de mérito suficiente para acoger la acción constitucional intentada en estos antecedentes".
Por estas consideraciones, la Corte Suprema dejó sin efecto la resolución que decretó la prisión preventiva de los amparados en audiencia de 24 de septiembre del año en curso, disponiéndose su inmediata libertad, si no estuvieren privados de ella por otra causa.
Sin embargo, advierte que "sin perjuicio de la facultad del Ministerio Público y la parte querellante para solicitar nuevamente la medida cautelar dejada ahora sin efecto conforme a las normas procesales que rigen la materia", y concluye instruyendo que se comunique por la vía más rápida a los imputados.
De esta manera, la Corte Suprema ordenó la libertad del vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul Carrillanca; su hijo Ernesto Llaitul Pezoa; el werken de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jaime Huenchullán Cayul, y su hermano Rodrigo; el ex mirista David Cid Aedo; el estudiante universitario Claudio Leiva Rivera, y los comuneros Martín Curiche Curiqueo y Fidel Tranamil Nahuel, todos imputados por asociación ilícita terrorista. Estos dos últimos también están imputados como autores directos de un atentado incendiario a camiones en Padre Las Casas.
PURANOTICIA / ATON
