Sergio Muñoz, sacó la voz por la querella criminal que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso contra Héctor Espinosa, por delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos.
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El director general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, sacó la voz por la querella criminal que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso contra su antecesor al mando de la institución policial, Héctor Espinosa, por delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos.
Después de reunirse en La Moneda con el ministro y el subsecretario del Interior, Rodrigo Delgado y Juan Francisco Galli respectivamente, Muñoz aseguró que se enteró de la acción judicial contra Espinosa "por la prensa".
Posteriormente, el timonel de la policía civil aclaró que están "a disposición de la Fiscalía, así como de los tribunales y de todos los organismos públicos que requieran información o antecedentes de nuestra parte", además de recalcar que "somos defensores y creemos absolutamente en la institucionalidad, independiente de cualquier consideración".
Además, calificó como "pertinente resaltar que como organismo del Estado también defendemos con firmeza uno de los principios esenciales de la democracia como es la presunción de inocencia (...) que va de la mano del derecho que posee cualquier persona en orden a no ser considerada culpable mientras no exista una sentencia judicial en su contra".
Según informó el CDE, la querella se fundamenta en la investigación realizada por el Ministerio Público que da cuenta de variados y cuantiosos depósitos en efectivo efectuados en las cuentas corrientes de Espinosa y de su cónyuge, sin justificación.
La acción penal buscará determinar las eventuales responsabilidades relacionadas con la sustracción de los fondos reservados manejados por el ex director, así como también las falsificaciones documentales verificadas al rendir cuenta de los mismos.
No es el único escándalo que sacude a la PDI. En la última semana, salieron a la luz nuevos antecedentes sobre la muerte de la joven subinspectora Valeria Vivanco, en medio de un confuso operativo en los límites de las comunas de La Pintana y La Granja en junio pasado.
Los tres funcionarios que la acompañaban el día de su muerte fueron dados de baja y se les investiga por su presunta participación en el crimen, al determinarse con los peritajes que el tiro fatal fue disparado desde un arma institucional, junto con encontrar rastros de pólvora en las manos de uno de ellos.
Entre las decisiones tomadas por al PDI, los detectives fueron suspendidos, se removió al jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana y se revocó la prisión preventiva de los dos imputados civiles a quienes se les achacó el crimen en un comienzo.
PURANOTICIA
