“Cuando el Ejecutivo espera 30 días para sentarse a conversar en un conflicto, es porque claramente no hay interés por los usuarios”.
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La presidenta de la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil (Anerchich), afirmó que la administración de la presidenta Michelle Bachelet tuvo responsabilidad en los perjuicios causados a los usuarios del Registro Civil durante el paro del servicio ya que "Ellos esperaron casi 40 días. Yo creo que aquí el gobierno quiso darnos una lección, pero a costa de los usuarios", sostuvo.
En una entrevista publicada esta mañana por el diario la Tercera, la dirigente de los empleados del Registro Civil relató las circunstancias de los 39 días de paro.
Díaz denunció presiones impropias por parte del Gobierno. En primer lugar una intervención indebida del Ministerio del Interior en la designación del nuevo director del servicio "Nosotros hoy tenemos un director puesto por el Ministerio de Interior, no por el Ministerio de Justicia. Interior intervino nuestro servicio al sacar a Teresa Alanis (ex directora) y poner a Luis Acevedo. Pensamos que no habrían nombramientos a dedo, pero sacó a una persona que ganó un concurso por la Alta Dirección Pública y colocó a alguien de confianza", aseveró.
Luego, la dirigente afirmó que el Gobierno desarrolló una campaña de desprestigio en contra de los funcionarios en paro "fue fuerte lo que hizo el gobierno. La campaña comunicacional que hicieron fue a otro nivel: parecía como si todo Santiago estuviese empapelado en contra del Registro Civil y contra mí. Mucho amedrentamiento, echarnos a los usuarios encima. El Ejecutivo nunca asumió la responsabilidad que tenía en esto y quisieron echarnos todas las penas del infierno", manifestó.
En relación a las muchas molestias causadas a los usuarios por el paro de los funcionarios Díaz expresó que el Gobierno tenía también un indiscutible protagonismo en esa situación "Nosotros nunca hemos dejado de decir que tenemos responsabilidad. Pero aquí hay una responsabilidad compartida", y luego añadió " Yo creo que aquí el gobierno quiso darnos una lección, pero a costa de los usuarios. Cuando el Ejecutivo espera 30 días para sentarse a conversar en un conflicto, es porque claramente no hay interés por los usuarios", subrayó.
En la misma línea justificó la radicalización del movimiento y el fin de los turnos éticos debido a la negativa del Estado a iniciar conversaciones "En 2013, no permití que los turnos éticos se acabaran, pero porque siempre estuvimos negociando. En 2015 la decisión de radicalizar fue porque no estábamos con nadie, recién después de tres semanas el gobierno se sentó con nosotros", explicó.
La dirigente destacó que, en el fin de la movilización, los trabajadores en paro tomaron en consideración la situación de los usuarios "Los trabajadores tenían fuerza para rato, creo que llegó un momento en que pensamos en los ciudadanos y decidimos deponer este paro, no con la mejor oferta, pero tampoco con la más mala. Nosotros pensamos en los usuarios y dijimos "esto ya no da para más", concluyó.
Pn/cp
AGENCIA UNO
