Las mujeres son las principales solicitantes de información a entidades públicas (fundamentalmente a municipios y vía presencial), pero representan sólo un tercio de los reclamantes ante el Consejo para la Transparencia.
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Las mujeres son las principales solicitantes de información a entidades públicas (fundamentalmente a municipios y vía presencial), pero representan sólo un tercio de los reclamantes ante el Consejo para la Transparencia (CPLT).
Presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada comentó que "el sector público debe intensificar su trabajo para reducir brechas en el acceso a la información en el caso de las mujeres, porque ellas están ejerciendo más que los hombres su derecho como vía para optar a servicios, beneficios y otros derechos en favor de ellas y sus familias".
Las mujeres son las principales solicitantes de información a entidades públicas (fundamentalmente a municipios y vía presencial), pero representan sólo un tercio de los reclamantes ante el Consejo para la Transparencia (CPLT) si no les responden o si quedan insatisfechas con los antecedentes que reciben.
Estos son algunos de los principales resultados del Estudio Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales del Consejo para la Transparencia (CPLT). A esto se suma el hecho de que este segmento de población se muestra más crítico respecto de la valoración de la transparencia (48% versus 54% en promedio, respectivamente).
Al respecto, el presidente de la entidad, Jorge Jarquemada, comentó que: "Esta evidencia impone un desafío institucional, que implica, entre otros esfuerzos, ampliar el uso que las mujeres hacen de la totalidad de las herramientas de la Ley de Transparencia, ayudándolas a ejercer su derecho a reclamo ante situaciones que les impiden acceder a lo que están pidiendo".
Asimismo, el titular del Consejo explicó que la percepción más negativa que tienen las mujeres por sobre los hombres respecto a la Transparencia se asocia a que perciben una menor utilidad para prevenir la corrupción (46% y 53%) y permitir a los ciudadanos controlar las acciones de los funcionarios públicos y de la autoridad (49% versus un 55%).
En este sentido, Jaraquemada apuntó: "Como institución creemos importante valorar los logros que hemos conseguido en materia de Transparencia y promoción del derecho de acceso a la información pública, pero necesitamos ampliar nuestro enfoque y responder a una sociedad que exige cambios y flexibilidad de parte de las instituciones". Agrega que "las mujeres no se han apropiado de la herramienta como un medio de control a la autoridad y no la usan con todas las potencialidades que ésta tiene".
Esto se ve reflejado en que 3 de cada 10 mujeres ha solicitado algún tipo de antecedente a un organismo público, idea reforzada por el desconocimiento que este segmento de la población declara tener sobre la Ley de Transparencia, por lo que en la práctica muchos de sus requerimientos no cumplen con las formalidades establecidas por la normativa vigente. Sólo un 17% de las mujeres conoce la ley, versus un 21% de hombres. Esta idea se refuerza además por el bajo conocimiento que manifiestan tener sobre la institucionalidad, dado que un 17% de las mujeres declara tener conocimiento del Consejo, en contraposición con un 26% de los hombres que dicen conocerlo.
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