El titular del Trabajo indicó que esos fondos son para garantizar una pensión y que acción legal debería ser rechazada.
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El ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, salió al paso tras la decisión del Tribunal Constitución (TC) de acoger a trámite un recurso de una jubilada que quiere sus ahorros de la AFP, indicando que esos fondos son para garantizar una pensión y que acción legal debería ser rechazada.
Este aspecto, señaló que la Constitución y la legislación chilena señalan claramente que los fondos acumulados en las AFP son propiedad de cada uno de los trabajadores, pero también establecen que estos recursos tienen como único fin el garantizar sus pensiones al minuto de jubilar.
"En esto no hay dos opiniones: el derecho a propiedad de las cotizaciones previsionales en Chile se respeta, es de los trabajadores, y son recursos para pensiones. Y todo el esfuerzo del Gobierno está en mejorar las pensiones, respetando la ley que establece que esos recursos son para garantizarlas", declaró el ministro tras inaugurar una feria laboral en el Centro de Eventos de la UC.
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Respecto al caso judicial de una profesora jubilada que pidió a través de un recurso de protección retirar sus fondos de pensiones de una AFP con el fin de pagar un crédito hipotecario, el secretario de Estado dijo que no podía pronunciarse sobre las razones que tuvo la Corte de Apelaciones de Antofagasta para acudir al TC, pero recordó que ya se han presentado más de 15 recursos similares y que todos han sido rechazados.
"En mi opinión, no han tenido fundamento y no tendrán fundamento alguno, más bien (estos recursos judiciales) persigue otros objetivos de tipo político y esperamos que esto, una vez más, quede claro como ha quedado claro en estos fallos anteriores y reiterados", declaró.
Monckeber, agregó que está convencido que la respuesta del Tribunal Constitucional será que dicho recurso no tiene validez ni fundamento alguno.
La Corte de Antofagasta accedió consultar al TC para solicitar "claridad" respecto al Decreto de Ley 3.500 que creó el sistema de capitalización individual en 1980 ya que los magistrados estiman que dicha norma podría afectar el derecho de propiedad y contravenir la Constitución.
"Quiero ser muy claro: nuestra legislación y Constitución, como en todos los países del mundo, establece el derecho de propiedad sobre los fondos, porque son dineros del trabajador, y establece la cotización obligatoria para pensiones", subrayó el ministro.
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