La investigación involucra a 70 imputados —47 gendarmes y 23 civiles— acusados de cohecho, lavado de activos y agrupación criminal en diversos recintos penales.
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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago fijó un plazo de 300 días para el desarrollo de la investigación del denominado caso “Operación Apocalipsis”, causa que indaga una extensa red de corrupción al interior del sistema penitenciario y que mantiene a 70 personas en calidad de imputadas.
La decisión se adoptó durante la segunda jornada de formalización, donde el Ministerio Público expuso nuevos antecedentes sobre el funcionamiento de la organización, integrada por 47 funcionarios de Gendarmería y 23 civiles. Según la Fiscalía, la red operaba vulnerando protocolos de seguridad en recintos como Santiago 1 y el Centro Penitenciario de San Joaquín, facilitando el ingreso de elementos prohibidos y visitas irregulares a internos.
En la audiencia, el tribunal decretó arresto domiciliario total con monitoreo telemático para seis funcionarios de Gendarmería, mientras que otros dos imputados quedaron en prisión preventiva, medida que fue solicitada por la Fiscalía y no tuvo oposición por parte de las defensas, considerando el peligro que representan para la seguridad de la sociedad.
De acuerdo con el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, la estructura criminal habría movilizado más de 6.000 millones de pesos en un período de tres años, mediante transferencias bancarias destinadas a ocultar el origen ilícito de los fondos. Los hechos investigados configurarían delitos de agrupación criminal, cohecho y lavado de activos, mientras que en el caso de los imputados civiles, el delito fue recalificado como soborno, según su grado de participación.
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