El ex presidenciable es investigado por la supuesta facilitación de boletas ideológicamente falsas.
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En calidad de imputado fue citado a declarar el ex presidenciable Marco Enríquez-Ominami, quien está siendo investigado por la Fiscalía Nacional por pagos de $362 millones hechos por SQM Salar a la empresa Comunicaciones Publicidad y Marketing EIRL de su ex colaborador, Cristián Warner.
La calidad de imputado se debe a que el equipo de fiscales estaría convencido que Marco Enríquez-Ominami habría tenido alguna participación en dicha transacción. Esto, tras una serie de correos electrónicos, pagos y encuentros que habría sostenido el también cineasta con el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse.
Según detalla el diario La Segunda, en uno de los correos recibidos – con fecha de 27 de diciembre del 2010 – por la entonces secretaria de Contesse Katherine Bischof, y enviado por Cristián Warner, se lee que le pregunta por "alguna referencia" respecto del "proyecto del Marco Enríquez-Ominami".
En la respuesta, Katherine dice: "¿Cuánto era el monto del aporte comprometido por don Patricio?". El primer pago que registra la minera a la empresa de Warner ocurre en marzo del 2011, por una cifra de $4 millones, lo que ocurre mensualmente hasta febrero del 2012, cuando la suma asciende y comienzan a facturarse montos de aproximadamente $14 millones.
Se presume que ese cambio se debe a que el 5 de diciembre del 2011, le llega un nuevo correo a Katherine de parte de Warner, donde pide agendar una reunión entre Contesse y ME-O, en la cual además se refieren a un "nuevo aporte" de 250 mil dólares en 12 pagos mensuales.
En otro de los correos – enviado el 29 de octubre del 2012 - se puede leer que Warner pide a Katherine "pasar este recado a don Patricio de parte de Marco. Que le agradece enormemente su ayuda y que terminando la gira nacional lo pasará a ver para agradecerle en persona", tras esto la secretaria habría reenviado el correo a Contesse.
Según detalló el diario La Segunda, Enríquez-Ominami debería presentarse ante el Ministerio Publico en un plazo de dos semanas, para que luego el Ministerio Público pueda decidir si se establece la formalización en su contra.
Pn/gm
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