La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados recibió a la Amuch para conocer su opinión sobre el proyecto para el cierre o instalación de medidas de control de acceso en calles.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados recibió a la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), para conocer su opinión sobre el proyecto para el cierre o instalación de medidas de control de acceso en calles, pasajes o conjuntos habitacionales por motivos de seguridad.
La asesora jurídica de la Amuch, Graciela Correa, recordó la postura de la Contraloría General de la República en la materia, en cuanto a que no se puede restringir injustificadamente el uso y goce, y que tampoco se afecten las garantías constitucionales como libertad de circulación o locomoción.
En ese sentido, la expositora explicó que, en cuanto al marco constitucional, las medidas de cierre como de control de acceso no pueden ser tan amplias como para afectar el ejercicio del derecho a la libertad de circulación por las vías.
Asimismo, indicó que "es pertinente tener en cuenta lo que indica el Tribunal Constitucional cuando se restringe la intervención de los bienes nacionales de uso público, en el sentido de garantizar a la ciudadanía que estas medidas de carácter temporal no invadirán su entorno ni derechos fundamentales".
De esta manera, para la Asociación de Municipalidades se debe revisar cómo se ajusta la legislación en torno al resguardo del marco de garantías, que establece la Constitución, sobre libre circulación, cómo se entregan las medidas a los municipios y el apoyo a los funcionarios inspectores para que entreguen la información a los ciudadanos a la hora de fiscalizar.
Por lo mismo, los municipios estiman que la única solución constitucional en torno al proyecto de ley es que se mantenga la calificación de calles de único acceso y salida para garantizar dichos derechos.
Finalmente, indicó que las atribuciones municipales deben ir acompañadas de estrategias ciudadanas para contar con el conocimiento de estas medidas, a quién se otorgan, el uso de información, seguimiento de solicitudes, entre otras, y fortalecer las direcciones de seguridad municipal.
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