Siguen los cuestionamientos en torno a la decisión de llevar a cabo una liberación masiva de más de 1.300 personas desde las cárceles.
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Diversas críticas generó la decisión de la Comisión de libertad condicional de la Corte de Apelaciones de otorgar la libertad condicional a más de 500 reos en Santiago y otros 700 en Valparaíso. La decisión, que fue tomada por el máximo tribunal con el objetivo de reducir la sobrepoblación en las cárceles, ha provocado la reacción de distintos sectores políticos.
Desde Chile Vamos han cuestionado el rol del Gobierno y la Corte de Apelaciones. "Comparto el malestar, la rabia y la desesperación porque es lo que transmite hoy día la inmensa mayoría de los chilenos, que aumenta su sensación de inseguridad. Es inexplicable que 201 reos condenados por abusos sexuales hoy día estén libres. Con esta decisión, el Estado permite que estén sueltos reos de alta peligrosidad, especialmente para un grupo tremendamente vulnerado, como son los niños y niñas de nuestro país", afirmó el diputado de la UDI, Gonzalo Fuenzalida, durante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados.
Desde la Nueva Mayoría han intentado calmar los ánimos, buscando una solución a un problema que se ha arrastrado por años y diversos gobiernos. El diputado de la DC, Jaime Pilowsky, manifestó que es necesario discutir las medidas que se pueden adoptar para solucionar este problema. "Es importante que empecemos a discutir no sólo la agenda corta, sino también la agenda larga. Ésta significa analizar el fenómeno de la delincuencia desde una perspectiva un poco más amplia que solamente penas, sanciones y persecución penal; también hablar de lo que es prevención en su amplio sentido: prevención situacional, social y una tercera pata de la mesa, que es todo lo que tiene que ver con rehabilitación", afirmó.
Una voz de alerta que también ha surgido desde los vecinos cercanos a las cárceles. Muchos de sus habitantes temen que los reos liberados vuelvan a cometer delitos, luego de que se conociera que hay algunos que recibieron el beneficio cuando tenían condenas de presidio perpetuo. Incluso algunos opinan que tener buena conducta no garantiza que no volverán a delinquir. Entre ellos, la Seremi de Justicia de la región de Valparaíso, Paz Anastasiadis, quien señaló que la reincidencia en delitos de los reos liberados, alcanza un 39,5%, cifra que aumenta al 50% según análisis entregados por la Fundación Paz Ciudadana.
Corte Suprema sale a responder a las críticas
Este viernes el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, entregó un comunicado en el cual explicó el proceso de liberación de reos en el país. Cisternas indicó que el procedimiento se ajusta a la legislación actual y fue realizado por la comisión, la cual es está compuesta por un ministro de Corte de Apelaciones y jueces de la jurisdicción quienes revisaron los antecedentes de los postulantes que proporcionó Gendarmería. "La decisión se adopta por la comisión que es el órgano competente para ello sobre la base de los criterios fijados por la ley, que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales o la concurrencia de situaciones que objetivamente puedan impedir la rehabilitación", indicó el magistrado en la lectura de la declaración. Además aseguró que "nosotros creemos que el sistema es perfectible", agregando que "la Corte Suprema celebra cualquier iniciativa dirigida a esos propósitos y colaborará con ello dentro de sus atribuciones".
Medida que fue ratificada durante esta jornada, luego que el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, asistiera a la sesión especial de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Ante la instancia legislativa, el titular del máximo tribunal dijo que asistió, a título personal, hasta la instancia solo para tratar de manera estrictamente jurídica el procedimiento de las libertades condicionales. "Mi intervención fue estrictamente jurídica para determinar, por ejemplo, decir que la interpretación jurídica del día de hoy, esto que se conoció en su época como un beneficio, se ha transformado hoy en un derecho, y esa es una interpretación que la mayoría de los jueces lo hace. Entonces, si es un derecho, queda menos posibilidad de la subjetividad", señaló el magistrado. Dolmestch reiteró que "el Presidente de la Corte Suprema, al menos, no puede intervenir en el asunto. El asunto ya se resolvió y no voy a decir ni explicar nada, porque no puedo hacerlo".
También hicieron presencia un representante del Ministerio Público y la propia ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien aprovechó la instancia para explicar los criterios utilizados para otorgar beneficios. Entre ellos, que las personas estén rehabilitadas y con altas posibilidades de reinsertarse a la sociedad, a lo que se suman beneficios de corte humanitario, todos ellos designados por una comisión especial encargada de la entrega de los beneficios carcelarios.
En cuanto a las críticas que han recibido por la masiva liberación de presos, que en algunos casos fueron condenados a cadena perpetua, la ministra indicó que se ha estado realizando un trabajo en conjunto con el Ministerio del Interior para reforzar la seguridad en aquellas regiones donde haya una mayor liberación de reos, pero que no se puede rechazar la libertad de las personas cuando estas cumplen con los requisitos.
"No es posible poner a un Carabinero detrás de esas personas para seguirlos", comentó. Por otro lado, la Secretaria de Estado aseguró que como Gobierno no están en contra de la libertad condicional, porque "se entiende que es una parte de la pena, pero lo que sí es importante es poder seleccionar los perfiles de las personas".
Perfiles de algunos reos liberados
Tras anunciar la liberación de más de mil reos en Valparaíso y Santiago, surgieron rápidamente algunas críticas. Sin embargo, luego de publicarse los datos de algunos de los beneficiados con libertad condicional, provocó que el debate subiera de tono.
El director nacional de Gendarmería, Tulio Arce, reveló que de los 788 beneficiados en Valparaíso, 109 de ellos cumplían condena por algún delito de alta peligrosidad.
Además, otros 12 presos estaban recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad por narcotráfico. Cuatro de los internos estaban condenados a cadena perpetua simple: dos de ellos cumplían condena por homicidio calificado, uno por parricidio y otro por violación. "Hay uno que cumple condena el año 2075 por robo con violación, luego por secuestro, después cometió otro robo con violación y su último delito era secuestro", declaró Arce.
En su defensa, el director de Gendarmería aclaró que ellos solo deben acatar las decisiones del Poder Judicial. "Como institución somos los principales interesados en que se hable de la privación de libertad y la reinserción de quienes hoy están recluidos, ya que entendemos que ahí hay un factor clave para aportar a la seguridad pública de este país desde nuestro ámbito de acción".
PURANOTICIA
