La polémica liberación de reos desde las cárceles

Diversas críticas ha generado la decisión de la Comisión de libertad condicional de la Corte de Apelaciones de otorgar la libertad condicional a más de 500 reos en Santiago y 700 en Valparaíso. Según lo señalado por el máximo tribunal, la decisión se adoptó para reducir la sobrepoblación en las cárceles. La orden emitida por el Poder Judicial se debió a la aprobación del 90 por ciento de las solicitudes de libertad por parte de la comisión de la Corte de Apelaciones, entidad que el año pasado sólo visó un 7 por ciento.

Esta medida ha provocado la reacción de distintos sectores políticos y del gobierno, donde la ministra de Justicia, Javiera Blanco calificó como "grave" la masiva liberación. "Si bien es una decisión de los jueces, tenemos derecho a conocer los criterios. De 800 que la piden todos los años, se le otorgaba la libertad condicional a 80. Que ahora pasemos al 93 por ciento, llama la atención", señaló Blanco. La titular de Justicia aprovechó para defender la agenda corta antidelincuencia, señalando que, de haber sido aprobada en el Congreso, el número de presos liberados sería menor, ya que la norma exigirá el cumplimiento de al menos dos tercios de la pena para acceder a este beneficio.

Además, la ministra indicó que está a la espera de reunirse con el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch para analizar la situación, debido a que el Gobierno no tiene atribuciones en esa materia, sino que es una decisión autónoma del Poder Judicial.

Una voz de alerta que también ha surgido desde los vecinos cercanos a las cárceles. Muchos de sus habitantes temen que los reos liberados vuelvan a cometer delitos. Incluso algunos opinan que tener buena conducta no garantiza que no volverán a delinquir. Entre ellos, la Seremi de Justicia de la región de Valparaíso, Paz Anastasiadis, quien señaló que la reincidencia en delitos de los reos liberados, alcanza un 39,5%, cifra que aumenta al 50% según análisis entregados por la Fundación Paz Ciudadana.

Corte Suprema defiende su postura

Desde la Corte Suprema aseguran que los jueces aplicaron la ley que regula este beneficio, a petición de Gendarmería, institución dependiente del Ministerio de Justicia. "El motivo que tuvo el Ejecutivo de proponer el cambio se basó principalmente en el fin de reducir el elevado y generalizado nivel de hacinamiento e inhabitabilidad que se vive en nuestras cárceles y centros de detención en los que se registra un promedio aproximado de 60% de la sobrepoblación penal", indicó el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica. Explicó que el origen del actual sistema surge a partir de "la ley que entregó esta tuición al Poder Judicial a través comisiones especiales, fue informada por la Corte Suprema en forma desfavorable el 2011; y lo informó desfavorablemente, porque consideraba que este es un tema que genera controversia y porque en el fondo lo que requiere el país en torno al control y cumplimiento son tribunales de ejecución de la pena".

Junto con agregar que "no le parecía a la Corte Suprema sustituir la funciones que tenían los seremis de Justicia en orden a resolver la cuestiones de libertad condicional, que es un cuerpo legal de muy antigua data, y que se ha aplicado en el país desde hace mucho tiempo, con la salvedad de que solo a partir del 2012-2013 pasó esa tuición a estas comisiones de libertad condicional formada por jueces de las distintas jurisdicciones del país".

Ante ese escenario, el vocero del máximo tribunal sostuvo que "lo que tenían que hacer los jueces es hacer operable este beneficio de la libertad condicional (...) los jueces deciden, sobre la base de una proposición de un órgano vinculado al Ministerio de Justicia, que es Gendarmería, quien propone de acuerdo a niveles de conducta a aquellas personas que cumpliendo los requisitos tienen derecho a obtener el beneficio de la libertad condicional".

Desde Gendarmería, también han salido a defender esta medida. A través de un comunicado, la institución explicó que la libertad condicional es una forma de seguir cumpliendo la pena en libertad, sin borrar la responsabilidad penal. "La función de Gendarmería es elaborar el listado de aquellas personas que cumplen con los requisitos que la ley establece para ser presentados a la Comisión de Libertad Condicional la que se encuentra conformada íntegramente por miembros del Poder Judicial. Es esta Comisión la que otorga o deniega el beneficio de la Libertad Condicional", señala el texto.
No obstante, desde la institución manifestaron algunos peros en algunos aspectos de la medida. "En el caso particular de la Quinta Región, del total de postulantes Gendarmería sugirió no otorgar el beneficio a 528 internos. No obstante aquello, la Comisión de Libertad Condicional, en uso de sus facultades legales, decidió concederles el beneficio a 788 internos incluyendo a aquellos que contaban con informe desfavorable por parte de Gendarmería", agrega el comunicado.

Beneficiados con esta medida

Con esta masiva liberación, los beneficiados deberán cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos no haber cometido ninguno de los delitos más graves, tener buena conducta y haber cumplido la mitad de la pena. También se favorece a quienes hayan aprendido un oficio y participen en talleres, además de los reos que hayan asistido con regularidad a la escuela del establecimiento.

Sin embargo, los detractores de esta medida tienen motivos para dudar de la eficacia de este sistema tomada por la Corte Suprema. Prueba de ello es que uno de los 724 internos liberados en la Región de Valparaíso, ya está de vuelta en la cárcel. Bastaron sólo 24 horas para que uno de los reos regresara al recinto penal tras ser detenido por el presunto delito de robo por sorpresa. Según lo señalado por la Tercera, hasta el día viernes, el imputado cumplía una pena de 5 años y un día de presidio en la Cárcel de Valparaíso por el delito de robo con intimidación. Sin embargo, como cumplía con el requisito de buena conducta, fue beneficiado con la libertad condicional.

PURANOTICIA