Nunca antes, durante este gobierno, el conglomerado de centro derecha había estado tan “díscolo” con La Moneda.
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Una dura tarea por delante tiene el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, que busca sacar adelante dos mediáticos proyectos que plantean cambios fundamentales de nuestra sociedad.
Uno de ellos ha recibido una fuerte crítica por parte de Chile Vamos. Se trata de la difusión del Proceso Constituyente que la Nueva Mayoría busca implementar durante este año.
El presidente de la UDI, Hernán Larraín, criticó la cadena nacional de este martes en la noche, calificándola como un "abuso" al no permitir a la oposición plantear sus puntos de vista sobre la Constitución. "El Proceso Constituyente está con olor a pescado", fueron las primeras palabras con las que Larraín se refirió a la situación. Incluso, el timonel del gremialismo señaló que el gobierno está "abusando" de la libertad de expresión.
En ese sentido, criticó la decisión del Consejo Nacional de Televisión de declarar como "tema de interés público" la campaña comunicacional del Ejecutivo. "Es muy discutible que sea de interés público, y si es de interés público entonces por qué no nos abren a nosotros la posibilidad de tener también una franja de televisión donde digamos lo que nosotros pensamos sobre esta materia. Porque no puede ser de interés público aquello que le conviene al gobierno políticamente", agregó Larraín.
Las principales críticas de Chile Vamos apuntan a supuestos vicios y la imposibilidad para que otros actores políticos formen parte activa de este proceso constituyente. "Hemos estado contribuyendo a que este proceso se lleve bien, pero nuestro deber es señalar aquellos hechos que lo están viciando y eso es engañar a la ciudadanía. Este es un partido que el Gobierno quiere jugarlo sin árbitro, con sus propios jugadores y sin tomar la opinión de los que juegan distinto", comentó el senador Larraín.
Los vicios denunciados por la UDI se refieren, entre otras cosas, a la presunta participación de personas con antecedentes judiciales en el Consejo de Observadores. Sin embargo, no sólo Chile Vamos ha expresado su disconformidad con el proyecto de Gobierno.
La Comisión de Constitución del Senado acordó este miércoles citar a los integrantes del Consejo de Observadores y al ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, en medio de las críticas de miembros de la instancia a la campaña comunicacional del Proceso Constituyente.
Uno de los temas que ha generado críticas ha sido la licitación para la realización de un docureality donde se registrará cada paso del proceso, y cuyas bases de licitación plantean que al menos uno de sus personajes "tiene que representar el sentimiento de orgullo frente a este inédito y extraordinario proceso democrático y republicano de deliberación pública". Cabe mencionar, que esta pieza audiovisual, que busca incentivar la participación en los denominados diálogos ciudadanos, tendrá un costo de 74 millones de pesos y su elaboración ya fue adjudicada a la empresa Parox S.A.
Los diputados de la UDI, Felipe Ward y Juan Antonio Coloma concurrieron hasta la Contraloría para presentar un oficio para que el organismo se pronuncie respecto de la legalidad del proyecto audiovisual. "Creemos importante que La Moneda se pronuncie si lo que quiere es hacer un proceso constituyente, transparente o si quiere hacer una manipulación del mismo, realizando documentales con una clara orientación, y que además no cumple los requisitos mínimos de una licitación pública", dijo Coloma. Mientras, el diputado Ward señaló que: "Aquí claramente no se está cumpliendo con las prioridades ciudadanas porque esto de llevar adelante un proceso constituyente, realizando un docureality, no tiene nada que ver con las prioridades de los chilenos".
La controvertida agenda antidelincuencia
Este miércoles la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados realizó la votación de la Agenda Corta Antidelincuencia, dentro de la cual rechazó la polémica norma que aumentaba las sanciones para quienes filtraran información correspondiente a investigaciones judiciales, la denominada "Ley Mordaza".
La agenda en general fue aprobada por nueve votos contra dos. Misma suerte corrió el control preventivo de identidad, norma favorecida por siete votos contra dos. Sin embargo, esta votación no es vinculante y sólo serán consignados en un informe a la cámara.
En el marco de la moción parlamentaria que apunta a fortalecer la indagación de delitos terroristas y aquellos que afecten la seguridad del Estado en casos de especial gravedad, se planteó incluso la pena de cárcel para los directores de medios de comunicación que filtren información.
"Las diligencias de la investigación tendrán carácter reservado y sólo podrán tener acceso a ellas, con omisión de la identidad de quienes las practiquen, los intervinientes una vez que la misma se formalice. La infracción del deber de reserva de esta u otra disposición de la presente ley, será sancionada con la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo, tratándose de quien proporcionare la información. En caso de que la información fuere difundida por algún medio de comunicación social, se impondrá a su director, además, una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales", señala el apartado del texto que fue patrocinado por los diputados de RN Gonzalo Fuenzalida, Germán Becker, René Manuel García, Jorge Rathgeb y Marcela Sabat, además de la diputada de la UDI, Claudia Nogueira.
A pesar de que hubo votos tanto del oficialismo como de Chile Vamos, la moción impulsada por parlamentarios de la oposición, finalmente terminó siendo aprobada. Un nuevo traspié para el Gobierno de Michelle Bachelet, que no sólo ha tenido que enfrentarse a la presión mediática, sino que a las duras discrepancias al interior de la Nueva Mayoría. Conflictos que van más allá de normas sobre control de identidad o antifiltraciones. Incluso algunos legisladores oficialistas ya hablan de recurrir al Tribunal Constitucional.
PURANOTICIA
