Macarena Martínez fue removida luego de denunciar al grupo de trabajadores de visitar un safari mientras cumplían horario laboral, en Kenia.
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La 2ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, acogió un recurso de reposición y decidió que se suspenda la remoción de su cargo a la funcionaria de la Contraloría que denunció a colegas de haber realizado un safari en Kenia cuando, se suponía, debían estar auditando a diversas agencias humanitarias de las Naciones Unidas.
De acuerdo a radio Biobío, los tribunales fallaron a favor de emitir una "orden de no innovar", que suspende la remoción de su cargo a Macarena Martínez, quien hasta el 27 de diciembre pasado pertenecía al "Team Leader en el Departamento de Auditoría Externa-Junta de Auditores de las Naciones Unidas de la Contraloría General", y que fue removida luego de denunciar al grupo, entre los cuales se encuentra un funcionario cercano al contralor Jorge Bermúdez.
La profesional salió, por orden del propio contralor, del grupo de auditores que trabajaba fiscalizando las misiones de la ONU y trasladada a la 2ª Contraloría Regional Metropolitana, por lo que la afectada presentó un recurso de protección, acusando "actuar arbitrario e ilegal".
El recurso presentado se basa en que Bermúdez habría infringido el estatuto administrativo, que prohíbe cambiar de función al funcionario público que denuncie algún acto de corrupción o falta a la probidad, luego de que esta acusara que cuatro funcionarios, entre ellos la jefa del equipo de la Contraloría en Kenia, María Francisca del Fierro, y Alejandro Valenzuela Marín, abogado asesor de Bermúdez, participaran de un safari en Naoirobi en agosto pasado.
"Constituye una desviación de poder para hacer sufrir consecuencias a mi representada por su actuación debida, legítima y lícita", precisa el recurso.
Martínez, además de denunciar las presuntas irregularidades en el safari de sus colegas, reveló que otro funcionario de la Contraloría destinado a Nueva York para fiscalizar las misiones de la ONU no contaría con las capacidades profesionales para desarrollar su labor.
En su oportunidad, desde Contraloría reconocieron que Macarena Martínez "estaba amparada por el artículo 90 A del Estatuto Administrativo, que prohíbe reubicar a funcionarios que denuncien hechos potencialmente constitutivos de infracción al principio de probidad administrativa mientras dure la investigación respecto de los antecedentes que ella puso a disposición".
Por ello, el 4 de febrero aseguraron en la Contraloría que "en cuanto se tomó conocimiento de la situación, el secretario general dejó sin efecto la medida adoptada contra la profesional que, en todo caso, no fue materializada por encontrase la funcionaria con licencia médica".
Sin embargo, tras este fallo de la Corte de Apelaciones, se da cuenta que la Contraloría no alcanzó, a tiempo, a informar a la justicia sobre el fallido traslado de Martínez, pese a que Bermúdez firmó un escrito, enviado a los tribunales el martes, en el que se reconoce el procedimiento inadecuado.
PURANOTICIA
