“No se identificó evidencia que demuestre que tales pagos se hicieron con el fin de inducir a un funcionario público a actuar o abstenerse de actuar con el objetivo de ayudar a SQM”
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La empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), presentó un informe en el que se establece que, luego de una acuciosa investigación, se concluyó que, al menos bajo la legislación estadounidense de la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), no se comprobó la existencia de ningún acto de corrupción corporativo ligado a los pagos por casi US$ 13 millones efectuados por la empresa, y que aparecen sin respaldo.
En este sentido, las pesquisas efectuadas indicarían que, toda la responsabilidad de los dineros involucrados en financiamiento irregular de la política en Chile se relacionan exclusivamente con el ex gerente general, Patricio Contesse González, y con ningún otro ejecutivo, incluido Julio Ponce Lerou.
Específicamente, el informe señala que "tras cerca de nueve meses de investigación, se informó al comité que para propósitos del FCPA se identificaron pagos autorizados por el ex gerente general de SQM Patricio Contesse G., en relación con los cuales la compañía no encontró los respaldos suficientes. Asimismo, no se identificó evidencia que demuestre que tales pagos se hicieron con el fin de inducir a un funcionario público a actuar o abstenerse de actuar con el objetivo de ayudar a SQM a obtener beneficios económico".
El directorio de la empresa nombró una comisión investigadora independiente formada por los directores Edward Waitzer, Wolf Von Appen y Robert Kirkpatrick, comité ad hoc que indagó los pagos por casi US$ 13 millones efectuados por la empresa, y que aparecen sin respaldo. Para tal efecto contrataron al estudio norteamericano Shearman & Sterling, al Grupo Vial Serrano Abogados en Chile y a la firma forense FTI Consulting.
En entrevista con el Diario Financiero y Económico, el presidente del directorio, Juan Antonio Guzmán, explicó respecto del desarrollo de la investigación que "partimos en febrero, cuando se produjo la información y el directorio nombró una comisión investigadora independiente, la que a su vez contrató a Shearman & Sterling. Se buscó determinar dos cosas: si la compañía había hecho algún pago que se podía definir como corrupto y si había incumplimientos en las provisiones contables. Ambos temas se hicieron bajo la ley americana, porque la primera sugerencia que surgió con el caso fue acercarse a la SEC (Securities Exchange Commission) de manera voluntaria, antes que ella requiriera información".
Respecto de la falta de evidencia de un acto de corrupción, Guzmán especifica que "no se encontró evidencia ninguna de que el pago se haya hecho para obtener la decisión de una autoridad en beneficio de la compañía o que la abstención de una autoridad actúe en beneficio de la compañía. El informe no duplica el trabajo que puede hacer un fiscal. La Fiscalía está haciendo su investigación y la autoridad chilena puede determinar otro tipo de cosas, y por eso que mostramos nuestra disposición cuando le entregamos el informe".
En relación a la delimitación de responsabilidades en el pago de los dineros sin respaldo el alto ejecutivo manifestó que "se identificaron pagos realizados por el ex gerente general de SQM, señor Patricio Contesse, por lo cual la compañía no encontró los respaldos suficientes, es decir, todos los pagos que se hicieron fueron autorizados por él".
La Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), acta bajo la cual se realizó la investigación encargada por SQM, es una normativa que establece que cualquier empresa extranjera relacionada con una corporación estadounidense o que transe sus acciones en Estados Unidos, puede ser investigada, e incluso multada.
ATON CHILE
