Así lo indicó Fernando Martínez, jefe del INDH Valparaíso, quien participó en la sesión de la comisión de diputados que analiza la acusación constitucional contra el Intendente Metropolitano.
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"El derecho a reunión debe ser garantizado y respetado por el Estado", declaró el jefe regional de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Fernando Martínez, en la primera sesión de la comisión de diputados que analiza la acusación constitucional en contra del intendente metropolitano, Felipe Guevara.
De esta manera, se refirió a lo que plantea el libelo acusatorio en cuanto a que hubo, por parte del intendente Guevara, una vulneración de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el principio de legalidad, lo anterior en el contexto de la crisis social vivida por el país.
En la instancia, el jefe regional del INDH alertó que "el marco jurídico que regula el derecho a reunión debe necesariamente actualizarse, pues es un marco jurídico que se encuentra obsoleto", básicamente, porque "somete el ejercicio del derecho a reunión de facto a un sistema de autorización previa", de acuerdo a los que se establece en el Decreto 1.086.
En este contexto, consultado sobre la responsabilidad del Intendente frente a lo que se señala en la acusación constitucional, respondió que "lo que tiene que hacer la autoridad administrativa, no es solamente no violar los derechos humanos sino que debe garantizarlos".
"En ese sentido, la autoridad administrativa debe preocuparse de que la forma en que administran todos los recursos del Estado para que los derechos puedan ejercerse cumplan con los estándares internacionales", añadió.
Frente a esto, informó que al 30 de noviembre, sólo en Santiago, se habían observado 226 manifestaciones y, si bien, dijo que no fueron dispersadas inmediatamente por fuerzas policiales, sí hubo incumplimientos de los resguardos necesarios.
Las observaciones constataron que, en un 56% de estas, Carabineros usó agentes químicos de modo masivo e indiscriminado, fuerza de manera excesiva y en un tercio se registró que el chorro del carro lanzaaguas apuntó directamente al cuerpo de las personas que se manifestaban, resultando afectados quienes participaban, pero también quienes no lo hacían.
Aseguró además que los efectivos policiales realizaron acciones contrarias a sus propios protocolos: detenciones arbitrarias, dispersión sin motivo de los manifestantes, uso abusivo de sustancias lacrimógenas, disparos de lanza gases en dirección al cuerpo, falta de gradualidad y avisos previos en el uso de la fuerza y presencia de carabineros y militares sin identificación.
PURANOTICIA
