Idea es revertir la enmienda presentada por la diputada Hertz (PC), que busca sancionar a quien apruebe o niegue las violaciones a los DD.HH. ocurridas durante la dictadura.
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El Ministerio de Justicia presentaría en marzo indicaciones para eliminar el nuevo tipo penal de "negacionismo", que incluyeron parlamentarios de la oposición al proyecto sobre incitación a la violencia.
El Gobierno se prepara para duras negociaciones en el Congreso, cuando termine el receso legislativo. Uno de los proyectos en el que presentará indicaciones será el que penaliza la incitación a la violencia, con la idea de revertir la enmienda presentada por la diputada Carmen Hertz (PC), que busca sancionar a quien apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar, estableciendo la pena de presidio menor en su grado medio.
Al "negacionismo" y la "incitación al odio", también se suma la indicación que presentó la diputada Pamela Jiles (PH), que apunta a sancionar con penas de cárcel a quienes "promuevan la denostación, menosprecio o el odio contra un grupo en razón de su etnia, nacionalidad, situación socioeconómica, entre otros". Todas estas fueron aprobadas en diciembre durante la tramitación en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, y que el Gobierno quiere revertir.
"El proyecto de ley de incitación al uso de la violencia física fue ampliamente modificado en su tramitación en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, de modo que desde el Ejecutivo estamos analizando qué fórmulas propondremos al Congreso para rescatar el origen del proyecto, cuando se retome la discusión legislativa en el Congreso", dijo la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren.
En la misma línea, agregó que "el Gobierno tiene la convicción de que el derecho de libertad de expresión no puede ser limitado, sino en casos muy excepcionales y debidamente regulados, y mucho menos restringido con penas privativas de libertad, salvo en casos de particular gravedad".
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