Tres organizaciones se sumaron a Ansog y la protesta se extendió a todo el país luego que la ministra Javiera Blanco asegurara que se cerró la posibilidad de diálogo con los trabajadores movilizados.
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La negativa del Gobierno a dialogar con un sector de los funcionarios de Gendarmería movilizados desde el lunes en la Región Metropolitana generó la adhesión de otras organizaciones y el inicio de un paro nacional indefinido.
En el Centro de Justicia de Santiago personal de Carabineros fue dispuesto para acompañar a los detenidos en los controles ante tribunales.
Gendarmes se concentraron en la ex Penitenciaría y en el Penal Santiago Uno para protestar en los accesos.
La Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog), la Asociación Nacional de Gendarmes de Chile (Angenchi), la Asociación Nacional de Oficiales Profesionales de Gendarmería (Anopro) y la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) llamaron a sus dirigentes provinciales a iniciar esta movilización en rechazo a "las amenazas vertidas por medios de prensa por la ministra de Justicia, Javiera Blanco".
Ello luego que la secretaria de Estado cuestionara a la directiva de Ansog y asegurara que "estuvimos disponibles para dialogar con todos, pero cuando se cierra una puerta y se pone en juego la seguridad de los ciudadanos, esa posibilidad se cerró", dijo y anunciara la aplicación de medidas contra el paro.
"A un grupo muy reducido de funcionarios, liderados por Joe González, les queremos decir que el diálogo se acabó, con ellos no hay más conversaciones y eso porque hoy, esos pocos funcionarios, le han dado una bofetada a la gente diciéndoles que ellos anteponen sus intereses por sobre la seguridad de las personas", expresó la ministra.
Los gendarmes exigen que el próximo año se ingrese al Congreso Nacional un proyecto de ley que aborde ampliación de plantas con una reestructuración sustancial y profunda a de su escalafón y se incorpore a la institución de Gendarmería activamente a la agenda corta anti-delincuencia. Acusan hacinamiento en cárceles cercano al 40% y sostienen que su seguridad se ve amenazada al operar con una proporción de 200 internos por cada trabajador del servicio penal.
Pn/gm
AGENCIA UNO
