En la formalización de diciembre pasado, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte indicó que entre 2014 y 2019 los funcionarios públicos investigados "han recibido pagos y obtenido beneficios económicos por favorecer y asegurar la adjudicación de contratos, órdenes de compra y grandes compras del Minvu, con al menos cuatro empresas, todas proveedoras del Estado".
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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago confirmó la prisión preventiva de los funcionarios del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Marco Rivas Rivas y Alejandro Jara Arriagada, imputados como autores de delitos de fraude al Fisco, cohecho y lavado de activos.
El tribunal adoptó la misma medida en el caso del particular Cristián Navarro Soto, imputado por los delitos de soborno y fraude al Fisco.
El magistrado Jaime Fuica solo accedió a sustituir la prisión preventiva para la funcionaria del Minvu María Cristina González Ilarrazábal, imputada por cohecho y fraude al Fisco, así como para la particular Mariela Elgueta Rosas, investigada por los delitos de soborno y fraude al Fisco.
Para ello, el juez tuvo en consideración las condiciones sanitarias del centro penal en donde ambas se encuentran recluidas. No obstante, decretó arresto domiciliario total para ambas y arraigo nacional y fijó una fianza de cinco millones de pesos y la hipoteca de una propiedad para cada una, para acceder a dicha modificación.
"La única circunstancia que permite la modificación de la medida cautelar es para el caso de las imputadas Elgueta y González, donde hay una diferenciación de las condiciones sanitarias del lugar donde se encuentran detenidas (Centro Penitenciario Femenino de San Miguel), donde se han detectado casos positivos de covid-19", sostuvo.
El Consejo de Defensa del Estado se querelló en diciembre pasado contra los funcionarios públicos Marcos Rivas Rivas, Cristián Labra Peña, María Cristina González Ilarrázabal, Alejandro Jara Arriagada, Ariel Alvarado Riquelme y Marcos Andrés Duarte López por los delitos reiterados de cohecho y fraude al Fisco, ambos en grado de desarrollo consumado y en calidad de autores.
En tanto, a los particulares Willy Fernando Conejeros Gajardo, Antonio Fernández Nacarino, Cristian Genaro Navarro Soto y Mariela Elizabeth Elgueta Rosas, el CDE imputó delitos reiterados de soborno y fraude al Fisco, ambos en grado de desarrollo consumado y en calidad de autores.
En la formalización de diciembre pasado, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte indicó que entre 2014 y 2019 los funcionarios públicos investigados "han recibido pagos y obtenido beneficios económicos por favorecer y asegurar la adjudicación de contratos, órdenes de compra y grandes compras del Minvu, con al menos cuatro empresas, todas proveedoras del Estado".
"Para ejecutar estas maniobras ilícitas los funcionarios públicos antes mencionados han actuado de manera coordinada con otras personas -todas ellas imputadas- y empresas", añadió la fiscalía.
Los contratos adjudicados de manera fraudulenta alcanzarían -hasta el momento- a los 2.200 millones de pesos, con un perjuicio fiscal de $630 millones. En tanto, las "coimas" recibidas por los imputados del Minvu van desde los 3,5 millones de pesos a los $495 millones en el caso de Marco Rivas, jefe de proyectos.
PURANOTICIA
