Daniel Urrutia, magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago denunció comportamientos extraños en sus dispositivos telefónicos mientras desarrollaba su trabajo.
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El Ministerio Público Centro Norte investiga una denuncia por un supuesto espionaje telefónico presentada por el magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, encargado de vigilar el accionar de agentes del Estado y violaciones de Derechos Humanos.
Urrutia prestó testimonio la semana pasada en la Unidad de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público correspondiente, donde detalló comportamientos extraños en sus dispositivos telefónicos mientras desarrollaba su trabajo, según señalaron en un reportaje de la Unidad de investigación de radio Biobío.
El juez señaló que tanto su teléfono personal como el que le entrega el Poder Judicial, presentaron problemas inusuales mientras desarrollaba su trabajo, en medio de las protestas del movimiento social. Por ello entregó los dos aparatos para que sean periciados.
También, el magistrado solicitó que los ministros de la Corte de Apelaciones que resuelven las autorizaciones por medidas intrusivas amparadas en la Ley de Inteligencia, informen si dentro de las peticiones de los servicios de las policías y Fuerzas Armadas, están contenidos los números de los celulares que usaba hasta hace unos días.
Asimismo, pidió saber si la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) posee una carpeta de análisis y recopilación de información con su nombre y determinar de esta forma la existencia de revisión del trabajo de los jueces.
Según fuentes del medio, Urrutia habría solicitado que también se oficie al Ejército y a Carabineros para establecer si han mantenido la misma conducta.
El magistrado Urritia es uno de los encargados de vigilar el accionar de efectivos del orden público, tras denuncias realizadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Incluso, el tuvo que acudir hasta la exposta Central para que su director permitiera el ingreso de los funcionarios del organismo quienes querían constatar el estado de personas heridas por disparos de cartuchos antimotines de Carabineros.
El fiscal a cargo del caso, es el mismo que sustancia una indagatoria por las intercepciones que realizó el Ejército en contra de ex militares que denunciaron corrupción dentro de la institución, las que fueron autorizadas por magistrados del tribunal de alzada capitalino.
PURANOTICIA
