A esta hora se realiza la segunda jornada, que será decisiva para determinar si se aprueba el acuerdo o no.Más de 30 relatos marcaron ayer la primera jornada de audiencia.
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Actualización
A esta hora se desarrolla en el Centro de Justicia de Santiago, la segunda y definitiva jornada en que el tribunal decidirá si aprueba o rechaza el acuerdo logrado entre las fiscalía y los 6 imputados, que este jueves ya aceptaron la salida alternativa propuesta por el ministerio público.
Pasadas las 9 de la mañana de este lunes 4 de abril, se dio inicio a la audiencia que evaluará el acuerdo entre el Ministerio Público y los imputados, en el marco de la investigación por el denominado caso Tsunami.
Esta resolución se tomará luego de escuchar a los familiares de las más de 100 víctimas del 27F, cuyos testimonios continuarán siendo registrados en la jornada de este martes.
Posteriormente, el Tribunal decidirá si accede o no a la suspensión condicional del procedimiento, tal como lo proponen los imputados junto a la fiscalía.
Efectivamente, los acusados acordaron cancelar 235 millones de pesos en tres cuotas, para que sean distribuidos entre los querellantes, y otros 10 millones destinados a la realización de un seminario de Plan de Protección Civil.
De esta forma, de aceptarse el convenio, el ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, debería pagar $75 millones. La ex jefa de la Onemi, Carmen Fernández, $39 millones. Johaziel Jamett, ex jefe de Alerta Temprana, $5 millones. Y deberían cancelar $39 millones cada uno de los tres ex miembros de la Armada que se encontraban en el Shoa en ese minuto: Mario Andina, Mariano Rojas y Andrés Enríquez.
Sin embargo, los familiares de las víctimas se oponen radicalmente a este eventual acuerdo entre las partes y esperan que los involucrados lleguen hasta un juicio oral.
Así lo expresaron en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, a través de crudos y sinceros relatos presentados ante la jueza Carolina Guajardo.
Testimonios
Claudio Ortiz, padre de un menor de 8 años que falleció en la Isla Juan Fernández, relató su experiencia y solicitó enfático al tribunal que no acepte el acuerdo al que busca llegar el Ministerio Público con los imputados.
"Mi hijo no tuvo oportunidad de poder salvarse, se le escapó a la madre de las manos. A mis 41 años, mi idea de familia está destruida". Y agregó frente al eventual acuerdo: "Exijo un juicio oral que determine culpabilidad. ¿Realmente es justicia esta salida alternativa sin culpables? Yo creo que no. Magistrado, está en sus manos que este acuerdo no tenga éxito", encaró el hombre.
Silvana Sanzana, otra de las afectadas, recordó cómo murió su padre tras ser alcanzado por una ola en la madrugada del 27F. "Hubo negligencias claras y precisas de las personas que estaban a cargo de la seguridad de nuestro país. Estas personas no hicieron bien su trabajo y, desgraciadamente, no murió sólo mi padre sino que muchas personas. Creo que en nuestro país alguien bien nacido debe dar disculpas y no después de seis años, cuando el daño ya está hecho", increpó. Además, Silvana rechazó el acuerdo económico, señalando que "las personas no tenemos valor en pesos. Como país, me da vergüenza aceptar lo que acá se ha planeado, no creo que corresponda", recalcó.
Tania González, por su parte, detalló cómo perdió lamentablemente a su hijo de 5 años en el tsunami que golpeó las costas de Constitución.
"Me quitaron lo más importante de mi vida, nunca más pude decirle feliz cumpleaños ni celebrar la Navidad con él. Si ellos hubieran dado una alerta a tiempo, él estaría conmigo hoy día. Para mí es una burla, para mí no es justo. Esto que ellos están haciendo no es justo. Yo le digo a usted, señora jueza, que se ponga la mano bien en el corazón y me diga que lo que ellos están haciendo no es justo", manifestó con pesar.
Juan Picand Soto, en tanto, quien perdió a su madre en la tragedia, rechazó de forma categórica el acuerdo que libraría a los imputados de llegar al juicio oral. "Me da mucha pena este pequeño arreglín. No puedo permitir que esto termine aquí".
Cabe mencionar que estos testimonios forman parte de los 141 querellantes que perdieron a familiares en la madrugada del 27 de febrero del 2010.
El objetivo es rechazar la suspensión condicional del procedimiento y seguir adelante con el juicio en contra de los seis imputados, por su presunta responsabilidad en la fallida alerta de maremoto.
PURANOTICIA
