Según el último informe de la Subsecretaría de Pesca, más del 70% de las pesquerías nacionales está sobreexplotada o agotada. Un reporte que demuestra que la conservación de la mayoría de las pesquerías nacionales atraviesa por una situación crítica, debido a la sobreexplotación.
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De un total de 43 pesquerías, en 25 de ellas los Comités Científicos definieron el estado de los recursos y siete se encuentran en una situación de "plena explotación" o alcanzando su "Rendimiento Máximo Sostenible".
Para las otras 18 restantes, el 72% de las que tienen estatus, el panorama es alarmante, ya que nueve están "sobreexplotadas" y un número idéntico se considera "agotada o colapsada", es decir, que no tienen capacidad de ser sustentables y sus capturas están muy por debajo de su nivel histórico.
El informe destaca el cambio de estado de la pesquería merluza de tres aletas, que pasó de sobreexplotada a agotada o colapsada en el último periodo. Mientras que el langostino colorado cae a una situación de sobreexplotación, desde un nivel de plena explotación, con respecto al año anterior. Una baja atribuida a la caída en ejemplares juveniles, aunque se siguen investigando las causas.
El subsecretario de Pesca, Raúl Súnico, se refirió a este desolador escenario, al sostener que el informe "reconoce el delicado estado de conservación de una parte importante de los recursos pesqueros de relevancia económica de nuestro país". Agregando que se está llevando a cabo un plan para recuperar el estado de las pesquerías, donde se incluyen estrategias y acuerdos para que las especies alcancen su "Máximo Rendimiento Sostenido".
La autoridad también atribuyó a la pesca ilegal un factor determinante a la hora de generar esta crisis. En ese sentido, destacó el proyecto de ley que está actualmente en trámite en el Congreso que, por un lado, fortalece la labor fiscalizadora del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y, en segundo término, tipifica como delito la pesca ilegal. "Sin duda, es la principal amenaza que tienen nuestras pesquerías y el sector en su conjunto", sostuvo Súnico.
El estudio cuenta por primera vez con la determinación de Puntos Biológicos de Referencia (PBR), información que fue obtenida a partir de la ejecución de una nutrida cartera de investigación, cuya inversión asciende a $7.967.355.384. Los resultados fueron analizados por expertos nacionales y extranjeros, lo que permitió, según la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), "elaborar una radiografía precisa del actual estado de los recursos".
Rápido deterioro de los recursos marinos
Tal como años anteriores, el informe entregado por la Subsecretaría de pesca ha arrojado cifras preocupantes con respecto a la explotación pesquera de nuestro país. La situación de las pesquerías ha empeorado año tras año, demostrando la gravedad de la situación.
Las voces de alarma tienen su asidero en diversos informes científicos. Desde 1997, el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) realiza un estudio anual de evaluación hidroacústica del jurel. Y desde hace diez años ese registro indica una disminución alarmante.
Los expertos vienen señalando, hace más de una década, que el agotamiento es una de las razones que han llevado a este complejo escenario.
La investigadora del Instituto de Acuicultura la Universidad Austral, Sandra Bravo, ha señalado que "acá no hay respeto ni con los tamaños mínimos de explotación, es decir, muchas veces se están torturando peces con un porte menor al de primera reproducción, es decir, no se alcanzan a reproducir. Si no hay reproducción, habrán dos efectos, uno es que se sigue pescando y otra que el recurso no logra recuperarse porque no se reproduce y cualquiera de nosotros cuando vamos a un terminal pesquero nos damos cuenta que los peces son más pequeños".
La grave condición de las pesquerías es atribuida a la mala administración extendida por años, junto con la polémica Ley de Pesca, que ha sido muy criticada por diversos sectores, entre ellos los pescadores artesanales. Debido en parte a la perpetuidad y manejo exclusivo de las cuotas de pesca por un grupo que mantienen siete grupos económicos.
Una ley que es resistida, porque sus detractores afirman que no reconoce al Estado de Chile como dueño de los recursos del mar, impidiendo la competencia en el sector, lo que ha propiciado la depredación, como revela el hecho de que en dos años de vigencia han aumentado de dos a ocho las pesquerías (especies) en colapso.
Quizás no se llega a los niveles que se vivían durante la década de los 80, donde para pescar en Chile bastaba tener un barco y pedir una autorización al Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) para salir y capturar determinadas especies en algún área de pesca específica. De esta manera fue como el sector pesquero pasó a la primera línea de la economía nacional. A pesar de las sucesivas reformas que se han hecho durante las últimas décadas, la regulación pesquera nacional ha permitido que la pesquería en Chile viva una situación crítica.
PURANOTICIA
