Proceso benefició a la ex directora de Administración y Finanzas (s), quien tenía anotaciones infracciones por $2.297.385; un concejal, por $5.113.771, y a la esposa del alcalde, quien debería haber pagado $102.106.
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La Contraloría General de la República confirmó que una auditoría a la Municipalidad de Calera de Tango reveló que renovaron permisos de circulación a la cónyuge del alcalde, concejales y funcionarios de dicha casa edilicia, aun cuando mantenían multas impagas. La situación será denunciada a la fiscalía.
Según la auditoría, los fiscalizadores detectaron que en los años 2016, 2017 y 2018, el municipio renovó permisos de circulación a 3.937 vehículos, pese a tener infracciones vigentes en el Registro de Multas del Registro Civil. Dos casos acumularon más de 1.000 infracciones, que sumados ascienden a $106 millones.
Este proceso benefició a la ex directora de Administración y Finanzas (s), quien tenía anotaciones infracciones por $2.297.385; un concejal, por $5.113.771, y la esposa del alcalde, quien debería haber pagado $102.106. Otros funcionarios a quienes se les renovó el permiso de circulación pese a tener multas pendientes son la secretaria abogada del Juzgado de Policía Local y la jefa de recursos humanos.
Ante estos hechos, la Contraloría iniciará un sumario, que se sumará a los que ya lleva en curso la municipalidad.
La Contraloría utilizó inteligencia de datos para cruzar variables. A través de esta herramienta, detectó que en los fondos de terceros para fines habitacionales, el total que debería haber tenido la municipalidad en depósitos eran $504,6 millones. Sin embargo, la auditoría detectó que solo había 245,9 millones en la cuenta corriente destinada al efecto.
Según el órgano contralor, esto significa que en caso de retiro de los fondos por parte de los participantes, el ente municipal no contaría con la totalidad del dinero para su devolución.
El ente fiscalizador también agregará al sumario el manejo de los fondos de terceros para fines habitacionales, que pese a existir desde 2004, no había instructivos para su operación. La falta de dicha regulación en el período auditado (1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2018) aumentó el riesgo de perder el control de dichos fondos, que fueron depositados junto con otros recursos de origen público.
El informe final de la Contraloría será enviado al Ministerio Público debido a las irregularidades detectadas tanto en los permisos de circulación otorgados pese a tener multas vigentes y en la administración de fondos de terceros para fines habitacionales.
PURANOTICIA
