Reducción del receso parlamentario, modificar el procedimiento de las Comisiones Investigadoras, nuevas exigencias en materia de admisibilidad y un nuevo rol de la Biblioteca del Congreso, son algunas de las medidas planteadas.
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"Presentaré a este Congreso una Reforma que permita modernizar su funcionamiento, agilizar sus tiempos y mejorar la calidad de la legislación". Esta frase corresponde al Presidente de la República, Sebastián Piñera, y fue emitida el 1 de junio durante su Cuenta Pública a la Nación, donde además dio a conocer que su iniciativa incluía una Reforma Constitucional para reducir a 120 el número de Diputados y a 40 el número de Senadores; y para poner límites a las reelecciones de Senadores, Diputados y Alcaldes.
Y a poco más de tres meses del anuncio, Puranoticia.cl tuvo acceso a la propuesta de trabajo para una Agenda de Modernización del Congreso Nacional, elaborada por una mesa integrada por distintas divisiones del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y que contiene iniciativas del Programa de Gobierno, otras del Consejo de Modernización de la Labor Legislativa (2015), de centros de estudio y nociones de algunos parlamentarios.
Según da cuenta el documento, la propuesta fue realizada considerando los bajísimos niveles de confianza en instituciones claves para el funcionamiento democrático, como lo son los partidos políticos y el Congreso Nacional, que, de acuerdo a encuestas de opinión pública, "alcanza niveles preocupantes". Por ello, indican que "es de suma urgencia hacer frente a esta crisis del Congreso, considerando que es el lugar donde se ven representados la pluralidad de visiones de la ciudadanía y porque es aquí donde emanan las leyes que nos rigen a todos".
La primera área de estudio dice relación con una Modernización de la tramitación legislativa, la cual entrega 10 medidas concretas, como la ampliación de la posibilidad de fusionar proyectos. De esta manera, se facilitará la fusión de boletines, eliminando la exigencia que estén todos en primer trámite y admitiendo que haya uno o más de ellos se encuentren en segundo trámite, siempre y cuando se encuentren en la misma Cámara.
Otra iniciativa planteada es una que a todas luces causara controversia: reducción del receso parlamentario. Cabe señalar que actualmente, el Congreso tiene receso durante todo febrero, incluso llegando a cinco semanas de inactividad si se toman la última semana de aquel mes como distrital. Y como se trata de un beneficio que "contribuye al desprestigio de la institución", La Moneda plantea estudiar la posibilidad de reducir el receso parlamentario a tres semanas en febrero, para equiparar la situación de parlamentarios y funcionarios del Congreso con el resto de los trabajadores, que tienen 15 días hábiles de vacaciones.
Dentro de esta misma modernización de la tramitación legislativa, el Gobierno plantea simplificar el trámite de Cámara Revisora. Al respecto, si un proyecto cumple con ciertos requisitos a definir, y reducido a ciertas materias, y que den cuenta de un notorio consenso, la Cámara Revisora podrá, con quórum calificado, ver el proyecto directamente en Sala, evitando tener que pasar nuevamente por Comisión.
También se propone modificar el procedimiento de las Comisiones Especiales Investigadoras (CEI), ya que el Ejecutivo plantea que éstas, muchas veces, implican una sobrecarga de labores y que sólo concitan la atención de quien promovió su creación. Por ello, se propone que las CEI sólo se creen para fiscalizar problemas de la administración del Estado y, que lo hagan por un periodo de entre 15 a 30 días, de modo que deban sesionar más seguido.
La Moneda señala también la posibilidad de que los Tratados Internacionales sean vistos siempre por una comisión bicameral y que después sean ratificados por la Cámara de Diputados y el Senado. De igual forma, se busca sancionar el incumplimiento de las urgencias por parte de los presidentes de las comisiones y se propone, además, establecer una sanción en el caso de incumplimiento de la urgencia, asociada a un 15% de la dieta para el Presidente de la Comisión, o el miembro que no respete las urgencias legislativas.
En el octavo punto de las propuestas, el Gobierno plantea obligar a los Ministros de Estado a asistir al Congreso Nacional cuando sean convocados a sesiones ordinarias, especiales y comisiones, y que lo hagan por lo menos una vez por proyecto discutido o investigación. Para hacer efectivo esto, se propone una sanción pecunaria, como un porcentaje de descuento de su remuneración (15% del sueldo), la que deberá hacer efectiva la Contraloría.
"Exigencias en materia de admisibilidad". En este punto se propone que la admisibilidad de un proyecto sea determinada por un órgano técnico, antes de que se dé cuenta de la iniciativa, a fin de que éste sea respaldado imparcialmente (se creará una Secretaría de Admisibilidad). En concreto, si fue declarado inadmisible por inconstitucionalidad, la Cámara respectiva podría insistir, pero se adjuntará un informe técnico que señale que, a juicio de la Secretaría de Admisibilidad, el proyecto fue objetado, lo que servirá de antecedente para cuando el Tribunal Constitucional (TC) deba revisar el asunto.
Finalmente, se plantea modificar la naturaleza del permiso pre y postnatal, disminuyendo el quórum de parlamentarios en ejercicio para una sesión en particular, cuando las parlamentarias que se encuentran utilizando este beneficio falten a sesión, de modo que no deban recurrir continuamente a buscar "pareo". Actualmente, quienes se encuentran con licencia por maternidad son vistas como parlamentarias en ejercicio, por lo que deben recurrir constantemente a "pareos" para poder faltar, y evitar que una votación resulte alterada. Por tanto, se propone que sigan manteniendo su derecho a integrar la Sala y comisiones cuando lo consideren oportuno, pero si deciden ausentarse por motivos de su licencia, se disminuya automáticamente el quórum de parlamentarios en ejercicios para dicha sesión, de forma automática y transitoria.
Dentro de las medidas destinadas a fomentar la transparencia del Congreso Nacional y la participación ciudadana en la formación de las leyes, el Ejecutivo propone la obligación de una cuenta pública anual por parte de los parlamentarios, que debe estar disponible en una página web de cada parlamentario y vinculada a la de cada corporación.
Como actualmente no existe un catálogo de conductas sancionables, sino sólo de sanciones (censura, amonestación, multa), se propone la aclaración de conductas sancionadas, sanciones y procedimientos. Junto a ello, se propone detallar un catálogo de conductas deseadas, sancionables en caso de incumplimiento. En concreto, dicho catálogo buscará desempeñar las funciones parlamentarias en forma continua, con esmero y respeto; orientar sus actividades al cumplimiento de los objetivos de la función parlamentaria; usar los distintivos y recursos exclusivamente para los fines destinados; sancionar la inasistencia a más del 20% de las sesiones de comisión; y abstenerse de haber impulsado un proyecto o indicación, haber votado e intervenir en Comisión o Sala, en algún asunto sobre el cual se tenga conflicto de interés.
Respecto a casos de conflictos de interés, se plantea el "Deber de abstención". En concreto, se propone establecer un procedimiento previo y público anual, en virtud del cual el parlamentario deba notificar a la corporación, al comenzar cada año legislativo, de los conflictos de interés constantes que puedan afectarlos directa o indirectamente (cónyuge, conviviente, parientes, anteriores trabajos).
Con el objetivo de hacer más transparentes y participativos, a la ciudadanía, los procesos de nominación de autoridades, cuyo nombramiento está establecido en la Constitución y donde participe alguna o ambas cámaras, se establecerá en la ley que las sesiones de Sala o Comisión en que dichas nominaciones se discutan, deberán ser transmitidas al público -ya sea por televisión o por el sitio electrónico de la Corporación respectiva-, siempre y cuando se trate de elección de un órgano de rango constitucional.
Finalmente, en este segundo tópico se indica que es deber de Senadores el escuchar el debate en acusaciones constitucionales. Dado que el Senado vota las acusaciones aprobadas por la Cámara de Diputados, como jurado, es decir, de acuerdo a su conciencia, señalan que "es necesario que se establezca que los Senadores que voten, hayan estado presentes en todas las sesiones en que se discutió dicha acusación. De lo contrario, no podrán votar, y disminuirá el quórum para calcular el resultado".
En el marco de las medidas destinadas a modernizar la orgánica y el gobierno corporativo del Congreso Nacional y las instituciones que lo componen, el Gobierno plantea la profesionalización y potenciamiento de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) como órgano asesor, enfocando la contratación de sus funcionarios hacia un sistema meritocrático y técnico para Director, Director Adjunto y Jefes de Departamentos, con expertis y prescindencia política.
Para ello, manifiestan que la Alta Dirección Pública (ADP) proponga una terna para el cargo de Director y Director Adjunto, el cual deberá ser ratificado por el Senado y la Cámara, respectivamente, con quórum de 3/5 de miembros en ejercicio; y los Jefes de Departamento serán propuestos por las comisiones de régimen interno del Senado y la Cámara, y seleccionados por el Director y el Director Adjunto. Ttodos estarán cuatro años en su cargo, pudiendo repostular a un nuevo periodo.
Además, se plantea como causales de remoción la expiración del plazo, renuncia, sobreviniencia de alguna causal de inhabilidad o compatibilidad (como asumir como parlamentario u otro cargo en el Estado), o por falta grave. También se planea la creación del Servicio de Análisis Regulatorio y Presupuestario del Congreso (dentro de la BCN), el que, de acuerdo al Programa de Gobierno, deberá implementar un sistema de información más completo y asequible respecto de las iniciativas legislativas, especialmente aquellas complejas como la Ley de Presupuestos.
La Moneda también sostiene que se debe establecer un Comité de Auditoría del Congreso Nacional, instancia con la que se busca fortalecer el control ético y la gestión presupuestaria del Parlamento y los legisladores. En ese sentido, se plantea que dejen de ser los mismos parlamentarios quienes sancionen a sus pares por faltas a la probidad. Este Comité podría funcionar como una Contraloría Interna del Congreso y debería vincularse directamente con el Comité de Asignaciones Parlamentarias.
Además, se planea la profesionalización del sistema de asesoría externa con que hoy cuentan Diputados y Senadores, ya que señalan que actualmente "son muy pocos los requisitos que se solicitan a quienes reciben estos recursos y son utilizados para diversos fines no necesariamente ligados a la labor legislativa".
Por último, y en tal sentido, se propone mantener la asesoría externa por parlamentario -sin perjuicio de los recursos que hoy reciben, para este efecto, las bancadas- quienes podrán contratar personas naturales o jurídicas; en caso de que se trate de personas naturales, deberán acreditar título universitario de al menos ocho semestres; tanto las personas naturales como jurídicas deben acreditar conocimiento y experiencia en materia de gestión legislativa; y finalmente, que los fondos de asesoría externa sólo se podrán utilizar como apoyo legislativo, en relación a proyectos de ley que se encuentren en discusión.
PURANOTICIA
