Diversos casos han ocurrido esta semana, que han puesto en tela de juicio a la institución.
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El Ejército chileno está hoy en el ojo del huracán tras la reactivación de casos de violaciones a los derechos humanos que han supuesto el ingreso de militares a la cárcel y el descubrimiento de casos de corrupción en sus filas.
La institución admitió este viernes la desaparición de varios millones de dólares por el uso de facturas adulteradas en compras ficticias de material bélico, al amparo del secreto de un fondo conformado según la llamada "ley reservada del cobre".
En un comunicado en el que negó haber ocultado el caso, el Ejército aseguró que apoya la investigación judicial y que en una indagatoria interna preliminar "los implicados reconocieron su participación en los hechos".
Los fondos desfalcados corresponden al Fondo reservado del Cobre, destinado a la renovación de equipos bélicos, con el que cuentan las Fuerzas Armadas desde 1958, profundizado por la dictadura de Augusto Pinochet, que entrega el 10 % de las ventas brutas de la estatal Corporación del Cobre (Codelco) a las instituciones castrenses.
El caso se sumó a una ola sucesos ocurridos en las últimas semanas, relacionados con violaciones a los derechos humanos.
Entre otros hechos, doce exmilitares fueron procesados por el caso de dos jóvenes que en 1986 fueron quemados vivos por una patrulla del Ejército, tras reabrirse el caso por la declaración de un exrecluta que después de 29 años rompió un pacto de silencio que protegió a los responsables.
Además, la Corte Suprema confirmó esta semana las condenas a catorce militares, tres de ellos uruguayos, por el secuestro y homicidio del químico Eugenio Berríos.
Berríos, un químico y agente de la policía secreta que fabricó gas sarín, utilizado en varios asesinatos por la dictadura, fue sacado de Chile en 1991 hacia Uruguay para evitar que declarara en el juicio por el homicidio del excanciller Orlando Letelier, perpetrado en 1976 en Washington.
En 1992, Berríos denunció en una comisaría uruguaya que estaba secuestrado, pero fue entregado a unos militares. En 1995 su cadáver fue encontrado enterrado en una playa, atado y con balazos en el cráneo.
Uno de los condenados, el general Hernán Ramírez Rurange, se suicidó el jueves pues, según su familia, no soportaba la idea de cumplir una sentencia de 20 años de prisión.
Otro fallo de la Corte Suprema, el que otorgó la libertad condicional a un exagente condenado a cadena perpetua como autor material del asesinato de tres profesionales comunistas secuestrados y degollados en 1985, levantó olas de protestas.
Los familiares de las víctimas y agrupaciones humanitarias se manifestaron hoy frente al palacio de los Tribunales y ratificaron que acudirán a estrados internacionales en busca de justicia.
La resolución levantó también diversas propuestas que presionan al Ejército y otras ramas uniformadas, como la degradación de los violadores de derechos humanos, el cierre de las cárceles especiales en las que cumplen sus condenas y el fin de los pactos de silencio que mantienen muchos crímenes impunes.
Según el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior chileno, solo un 10 % de un total de 1.056 juicios por violaciones a los derechos humanos ha sido fallado por los tribunales; en los casos pendientes, 130 antiguos agentes aún impunes podrían ser condenados.
En el caso de corrupción denunciado por The Clinic el comandante del Ejército, Humberto Oviedo, habría confesado el año pasado al entonces ministro de Defensa y actual titular del Interior, Jorge Burgos, que su institución pagó cientos de facturas falsas, no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
El portavoz del Gobierno, Marcelo Díaz, dijo hoy a los periodistas que fue Burgos quien pidió entonces la intervención de los tribunales, del SII, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y de la Comandancia en Jefe del Ejército para investigar los hechos.
Díaz subrayó que "son hechos graves que se deben investigar" y que demandan, además, "un conjunto de revisiones de los procedimientos de Contraloría y fiscalización interna por parte del Ejército y del propio Ministerio de Defensa".
"Estamos hablando de recursos del Estado que pertenecen a todos los chilenos", remarcó, mientras en el Congreso grupos parlamentarios quieren citar al general Humberto Oviedo para dar explicaciones y quieren designar una comisión investigadora especial.
En su comunicado, el Ejército señaló que desde febrero pasado efectuó una revisión completa de sus procesos internos y adoptó una serie de medidas para mejorarlos, además de realizar una auditoría al proceso de adquisiciones.
No es el único caso de corrupción que afecta al Ejército. También se investiga a miembros del escalafón judicial que, según un documento de la Contraloría del pasado 14 de julio, estarían cobrando doble sueldo mediante la celebración de contratos a honorarios posteriores a su ingreso a la institución, por montos superiores a 12.000 dólares mensuales.
Mientras siguen apareciendo casos y la lluvia de críticas, el Ejército no habla del clima interno, aunque el general retirado Luis Cortés Villa, amigo del suicidado Hernán Ramírez, comentó que "la familia militar está muy golpeada" y aseveró que "todo tiene un límite", además de subrayar: "no somos asesinos".
Pn/ci
EFE
