El organismo anunció “prioridad nacional” a la evaluación de los gastos de las Fuerzas Armadas.
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Este lunes, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, asistió a la comisión investigadora por la eventual malversación de fondos en el Ejército con dinero proveniente de la Ley Reservada del Cobre, caso también conocido como "Milicogate".
La apropiación indebida habría ocurrido entre los años 2011 y 2014, y el caso está siendo investigado por la Justicia Militar y Civil. El fraude se habría realizado a través de facturas falsas por servicios que jamás se realizaron.
Ante estos antecedentes, la Contraloría decidió dar "prioridad nacional" a la revisión de los gastos de las Fuerzas Armadas para analizar el presunto desfalco.
Según publicó The Clinic Online, el organismo fiscalizador tomó la decisión luego de que los diputados de la DC, Jaime Pilowsky y Ricardo Rincón, presentaran un oficio con motivo del millonario desfalco.
"Atendida la relevancia de la materia de que se trata, este organismo de Fiscalización incluyó en el Plan Operatorio para la Función de Control Externo del año 2016, en calidad de prioridad nacional, cuatro auditorías al uso de tales fondos, dentro de los cuales se consideró examinar las operaciones realizadas por el comando de apoyo a la Fuerza, aludido por los recurrentes en su presentación", señala la nota.
La Contraloría señala que el requerimiento de los parlamentarios se "funda en las irregularidades denunciadas a través de los medios de prensa, en los cuales se expone la investigación realizada por la Fiscalía Militar a causa del millonario fraude provocado por el uso indebido de facturas adulteradas por parte de la citada institución castrense, y en la publicación de los montos involucrados en los hechos investigados, cuyo valor ascendería a los 2.200 millones de pesos".
En ese sentido, el Contralor detalló tres causas que ameritan la investigación, ya que "son evidentemente el caldo de cultivo para que se produzcan estos fenómenos".
Por un lado, Bermúdez señala que ha sido frecuente por parte de los fiscalizadores "el desorden que existe en algunas de las instituciones. No existe un archivo correcto de la documentación, hay documentación incorrecta o faltante, mal organizada, en bodegas que no existen o están desordenadas. Hay cuestiones tan domésticas como bodegas donde no pueden encontrarse los papeles", apunta el Contralor.
En la sesión de esta jornada, también se apuntó como culpable de la situación a "la capacidad operativa o de control que tienen las propias entidades con sus centros de compras o adquisiciones: En primer lugar, nos encontramos con una oficialidad que rota permanentemente, por lo que no tiene tiempo de compenetrarse en sus funciones. Pero, por contrapartida, hay un cuadro permanente que está un largo periodo de tiempo en ese tipo de unidades", agregó el abogado.
Finalmente señaló que uno de los factores que ha detonado esta situación, es la facultad que tienen los comandantes en jefe de estructurar orgánicamente estas instituciones. "(Hemos realizado) fiscalizaciones a determinadas unidades que al año siguiente, cuando se va a hacer el seguimiento, ya no existen, por lo tanto no hay un interlocutor válido para el fiscalizador. Entonces esa capacidad de organización que le da mucha flexibilidad al comandante en jefe, le juega en contra a la fiscalización", finalizó.
La cuenta pública de la Contraloría General de la República, también aclaró que en el año 2014 se realizó una auditoría a los dineros gastados, pero por la Fuerza Aérea (FACh), "cuyos resultados constan en el informe final Nº 109, de 2014, de este origen, de carácter reservado, y que fue remitido en su oportunidad a las instancias pertinentes".
Tal como informó The Clinic Online hace unos días, el ministro en visita Omar Astudillo, quien investiga el millonario desfalco, ordenó al Servicio de Impuestos Internos elaborar un detallado perfil patrimonial de 23 militares que aparecen como procesados e inculpados en la investigación de desfalco a fondos de la Ley Reservada del Cobre.
El millonario fraude salió a la luz el año pasado, cuando se descubrió que la Fiscalía Militar investigaba a un grupo de efectivos por sustraer más de 2.200 millones de pesos para su uso personal.
FALENCIAS EN LOS MECANISMOS DE CONTROL
A pesar de la millonaria defraudación, las señales de alarma no han funcionado como es debido, por lo que las autoridades comienzan a preguntarse de qué manera se están vulnerando los sistemas de control.
El Contralor señaló que hay una serie de fallos en los mecanismos que tienen las instituciones militares, por ese motivo precisó que hay "insuficiencia de revisión" por parte de la Contraloría interna, "probablemente por la magnitud de las adquisiciones de bienes y servicios, y el poco personal que existe para realizarlo".
"También hay insuficiencia en la segunda línea de control, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas", agregó. En ese sentido, el presidente de la Comisión de Defensa, diputado Jaime Pilowsky (DC), criticó la pasividad del Ejército, considerando que con la tecnología existente los registros de los gastos se hicieran en planilla Excel y que se haya borrado el servidor del Comando de Apoyo de la Fuerza, sin poder recuperar los datos.
Además condenó la inasistencia a la Comisión del ex comandante del ejército Juan Miguel Fuente-Alba. Por este motivo, el diputado presentó un proyecto de ley para que los ex funcionarios públicos tengan la obligación de asistir a las comisiones investigadoras dos años después de haber dejado su cargo.
"Nosotros creemos que es necesario avanzar hacia un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, que por un lado dé estabilidad para la compra de armamento, quizás con presupuestos plurianuales, lo que no le gusta mucho a Hacienda, pero que también tenga los controles adecuados tanto del Parlamento como de las comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados y del Senado, y también de la Contraloría General de la República. Yo lamento que llevemos dos años y que aún haya un proyecto de ley en el Senado que tiene algunos cambios que desarrollar y no se le haya puesto el acelerador", afirmó este lunes en la comisión Investigadora.
Precisamente, una de las áreas que menos avances ha logrado el actual gobierno, se encuentra lo relacionado con la Defensa. De acuerdo a la última encuesta realizada por la Fundación Ciudadano Inteligente, por segundo año consecutivo no se producen avances, en las iniciativas legislativas relacionadas con promesas presidenciales contenidas en el programa gubernamental. En este segmento, precisamente se encuentra el olvidado proyecto de ley que busca modificar la Ley Reservada del Cobre.
LOS PRÓXIMOS PASOS DE LA INVESTIGACIÓN
Por un lado la investigación se encuentra a cargo de la Justicia Militar que lleva la fiscal marcial Paola Jofré y que se encargará de responsabilizar a los involucrados al interior de las Fuerzas Armadas.
La segunda arista del caso se encuentra en manos de la fiscal de la Zona Centro Norte Ximena Chong, quien busca las responsabilidades civiles de los proveedores y empresas involucradas en el fraude.
Hace unos días la Fiscal comenzó los primeros interrogatorios en contra de los proveedores del Ejército César Fuentes y Raúl Fuentes. A quienes se les atribuye coludirse con funcionarios del Ejército para defraudar a la institución castrense, utilizando facturas falsas por servicios que jamás se realizaron, a fin de hacerse de dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
Durante el año, también se espera una exhaustiva investigación por parte de la Contraloría General de la República. Jorge Bermúdez adelantó que durante los próximos meses, junto con la auditoría que se realizará en el Ejército, también el organismo fiscalizador efectuará una auditoría a las adquisiciones en Carabineros.
PURANOTICIA
