Para obtener el permiso judicial y llevar adelante estas labores intrusivas, el Ejército habría argumentado que los uniformados podrían estar entregando información que afectaba a la institución y la seguridad nacional o en el peor caso militar.
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El Ejército habría intervenido los teléfonos de al menos cuatro militares que denunciaron casos de corrupción institucional, tanto de forma pública como judicial.
Según informó radio Bío Bío, uno de los uniformados cuyas conversaciones fueron grabadas y transcritas es el capitán de Ejército, Rafael Harvey, cuya baja no ha sido firmada aún por el Presidente Sebastián Piñera.
Harvey fue procesado y detenido por el delito de sedición, en el marco de la investigación que sustanció la Fiscalía Militar que lo condenó a cinco años de cárcel. Sin embargo la Corte Marcial, el 12 de junio pasado revocó el fallo y lo declaró inocente.
De acuerdo a la información de la radio, a cargo de llevar adelante la intervención telefónica estuvo la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), durante la administración del excomandante en jefe Humberto Oviedo Oviedo, hoy indagado por corrupción.
Según Bío Bío, el Ejército solicitó autorización a un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que resolvió la petición basándose Ley de Inteligencia.
Para obtener el permiso judicial y llevar adelante estas labores intrusivas, el Ejército habría argumentado que los uniformados podrían estar entregando información que afectaba a la institución y la seguridad nacional o en el peor caso militar.
Fuentes institucionales consultadas por la radio confirmaron las intervenciones telefónicas. Se indicó que las labores se apegaron a la legalidad y que el magistrado que visó el procedimiento siempre estuvo al tanto de qué militares eran escuchados y por qué.
Distintas fuentes inquiridas por radio Bío Bío, indicaron que existen una serie de transcripciones de los audios, las que constan en documentos sin membrete institucional ni firma, pero cuyo contenido pertenece a lo que obtuvo la inteligencia militar.
En los papeles no se revelarían problemas para la seguridad nacional u operativa del Ejército, sino información de cómo se desarrollaban las investigaciones que sustanciaba la justicia por casos de corrupción.
Entre ellos destacaría el caso de fraude en el Ejército, hoy a cargo de la ministra en visita Rommy Rutherford. En este último se acreditó que 6.000 millones de pesos fueron literalmente robados de los fondos de la entonces Ley Reservada del Cobre.
En otra arista de esta última indagatoria, conocida como "agencias de turismo", Rutherford procesó al excomandante en Jefe del Ejército, general retiro humberto Oviedo por la malversación de 4.500 millones de pesos. Es decir al mismo bajo cuyo mando se escuchó "legalmente" a quienes denunciaron delitos contra la probidad.
Este medio solicitó una versión al Ejército, pero se indicó que el marco normativo de la Ley de Inteligencia establece la "obligación de guardar secreto".
Además, esta situación habría sido advertida al gobierno, en particular al ministro de Defensa, Alberto Espina.
PURANOTICIA
