Los parlamentarios Sebastián Torrealba (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli) presentaron una querella por cohecho y soborno contra el alcalde de Recoleta.
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Los diputados de Chile Vamos Sebastián Torrealba (RN), Jorge Alessandri (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evópoli) presentaron durante la jornada de este martes una querella criminal en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por soborno y cohecho, en el contexto de la investigación contra el edil por el caso Luminarias LED.
La acción penal interpuesta por los parlamentarios también alcanzó al ex-abogado de la Municipalidad de Recoleta, Ramón Sepúlveda, y a León Lefort, gerente general de la empresa Itelecom, entidad que se adjudicó un contrato para la instalación de luminarias en la vía pública recoletana por un plazo de diez años y más de $10 mil millones de pesos.
La querella fue presentada ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, pidiendo además una orden de investigación por parte de efectivos de la Policía de Investigaciones, con el fin de esclarecer los hechos y que el Ministerio Público cite a los tres implicados a declarar en calidad de imputados, tal como ha ocurrido en otras ciudades donde ha procedido la indagatoria.
En la acción, los parlamentarios calificaron los hechos como "delitos de fraude al fisco, cohecho y soborno, en el caso del primer hecho, y de cohecho y soborno el segundo hecho", describiendo en el primer caso la diferencia de pagos por servicio de luminarias LED entre el municipio de Providencia y el de Recoleta.
"Esto representa la hipótesis fundamental de fraude al Fisco, en la medida que se crea la apariencia de legalidad cuando en realidad se utilizó el mismo como una forma de sacar dinero de la Municipalidad y pasarla a manos de un particular", según el documento presentado por los diputados oficialistas.
Asimismo, hicieron referencia al llamado efectuado entre Sepúlveda y Lefort, quienes presuntamente hicieron alusiones al jefe edilicio, señalándolo como un receptor indirecto de dineros por parte de la empresa.
Por ello, los diputados y querellantes señalaron que es concluyente el vínculo entre los dineros donados por la empresa y la adjudicación de la licitación en Recoleta, por lo que se configuraría el delito de soborno.
PURANOTICIA
