Gabriel Silber explicitó que "a partir de mañana, empezaremos a activar un equipo jurídico para comenzar a gatillar nuestras facultades".
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Tras el anuncio del Gobierno que confirmó la recurrencia al Tribunal Constitucional para determinar la posible inconstitucionalidad del proyecto de reforma que busca un nuevo retiro de fondos previsionales por ocasión de la crisis económica devenida de la pandemia, diversos personeros de oposición volvieron a reflotar la opción de acusar constitucionalmente al presidente Sebastián Piñera.
El primero de ellos fue el diputado Gabriel Silber (DC) quien contradijo lo explicitado por el jefe de bancada de la falange, Daniel Verdessi, quien hace horas había manifestado que la intención del partido era no judicializar el asunto, posición a la que había suscrito el jefe de la bancada del PS, Marcelo Schilling.
A diferencia de Verdessi, Silber manifestó que la determinación presidencial fue tomada como un "baldón de agua fría para todos los chilenos que veían con ansias y expectativas lo que pasaría el jueves en el Senado", mencionando además que existen "10 millones de compatriotas a los cuales el presidente Piñera les está privando su legítimo derecho para acceder a esos fondos en situación de emergencia".
En ese sentido, el diputado explicitó que "a partir de mañana, empezaremos a activar un equipo jurídico para comenzar a gatillar nuestras facultades", sin descartar que entre ellas estuviera la acusación constitucional, tal como había anticipado hace semanas. "Por supuesto, con mucha decisión, acá el presidente Piñera no se puso al frente de los partidos de oposición, se puso al frente de la gente", agregó.
En tanto, la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), una de las principales impulsoras de los últimos proyectos de retiro, se mostró en la misma línea y señaló que apoyará un juicio político contra Piñera.
En contraposición, el diputado oficialista Andrés Celis (RN), manifestó que si bien el proyecto de reforma pasó los filtros del Senado, el Gobierno tiene igualmente derecho a llevar una iniciativa al TC, sin que sea causal de acusación.
"No veo el fundamento o motivo que cuando un presidente concurre al Tribunal Constitucional sea una causal para presentar una acusación constitucional (...) si se llega a presentar voy a votar en contra porque tiene la facultad", sostuvo.
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