Parlamentario de Renovación Nacional considera que llamados de dirigentes estudiantiles son constitutivos del delito de desórdenes públicos graves y merecen ser sancionados.
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Su total rechazo a los hechos de violencia llevados a cabo por grupos de manifestantes, en contra del normal desarrollo de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), efectuó el diputado por el Distrito 7, Andrés Celis, motivo por el cual interpuso una denuncia ante la Fiscalía Nacional para que investigue el eventual delito contra el orden público cometido por el vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).
"Acá todos fuimos testigos del llamado que hicieron los dirigentes, en especial su vocero Víctor Chanfreau, quien calificó de exitosa la primera movilización del 7 de enero, obligando la suspensión de los exámenes en 64 colegios a lo largo del país, donde se tomaron los establecimientos educacionales, más el robo y quema de facsímiles. Pero lo más grave, es que el mismo vocero anunció que al otro día las movilizaciones iban a aumentar. Eso además de configurar una amenaza, representa un hecho grave que perturba el legítimo derecho que tienen todos los estudiantes de nuestro país de participar en el proceso de rendición", manfiestó Celis.
El texto presentado por el diputado al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, pide indagar en las declaraciones de la ACES, sobre todo porque resulta gravísimo que la Asamblea señalara que estos hechos estaban advertidos que iban a ocurrir.
Celis agregó que el artículo 269, del Código Penal dispone expresamente que deben ser sancionados los casos que turbaren gravemente la tranquilidad pública para causar injuria u otro mal a alguna persona particular o con cualquier otro fin reprobado. Por ende, a juicio del parlamentario se configuraría el delito, pues se causó graves desórdenes públicos alterando y perturbando la tranquilidad de los estudiantes y la normalidad del proceso.
Prosigue indicando, que "lo que ACES no ha dimensionado con su movimiento anti sistema, es que las grandes beneficiadas con esto son algunas universidades, me refiero a las privadas, que podrían flexibilizar sus mecanismos de ingreso, haciéndoles un grave daño a las estatales. Luego, me parece gravísimo y de una falta de conocimiento y criterio absoluto, que la segregación que ellos dicen estar evitando, no se produce con la PSU, si no que ésta existe desde antes, desde las bases del sistema. La PSU es un instrumento mejorable, pero por cierto que uno de los más objetivos, donde las opciones se limitan al puntaje y no al apellido o a la institución donde se cursó la enseñanza básica y media".
El texto presentado, concluye señalando que se pide a la Fiscalía Nacional investigar estos graves hechos, que merecen ser sancionados de conformidad a la ley.
PURANOTICIA
