La renuncia este miércoles del intendente de la región de Los Lagos, Nelson Bustos Arancibia, a dos días de haber sido nombrado en el puesto por el ministro del Interior Jorge Burgos, desató nuevamente la polémica al interior del Gobierno, al sumarse a una ya larga lista de autoridades que han debido dimitir a su cargo a los pocos días de haber sido designados.
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Por Matías Seccatore
Tras el anuncio hecho el pasado lunes por el jefe de gabinete del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, donde se cambió a los intendentes de Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins, Aysén y Los Lagos, las alarmas se encendieron rápidamente en ésta última. La diputada Marisol Turres (UDI), criticó duramente el nombramiento de Bustos Arancibia como nuevo intendente de la región, principalmente, por tener antecedentes de violencia contra una hija cuando esta era menor de edad.
"Me parece impresentable que tengamos un Intendente con esos antecedentes, en primer lugar, por lo que significa la violencia, la violencia intrafamiliar, lo que significa maltratar a una hija", expresó Turres, quien a continuación calificó la selección de Bustos como resultado de "la desprolijidad que sigue teniendo el Gobierno al momento de nombrar nuevas autoridades".
En ese sentido, Turres señaló que el Gobierno estuvo "meses analizando el desempeño de los intendentes y cuando deciden cambiar al de la región de Los Lagos, nos nombran a alguien con antecedentes de este tipo" y agregó que "como SEREMI de Bienes Nacionales (Nelson Bustos) de alguna manera facilitó una serie de acciones irregulares de un ex alcalde de la comuna de Chaitén", razones suficientes, a juicio de la legisladora, para exigir al Gobierno "que salga este intendente. No puede ser que tengamos este nivel de desprolijidad ni este nivel de autoridades".
En 48 horas, el nuevo jefe regional debió renunciar al cargo, presionado por estos cuestionamientos, a pesar de haber sido sobreseído en la acusación más fuerte en su contra, en relación a la denuncia por violencia intrafamiliar que había sido interpuesta en su contra en 2010 por su esposa. Además, cuando fue gobernador provincial de Ranco, votó a favor del ducto que la celulosa Arauco construyó en Mehuín, para luego asumir la subgerencia de Asuntos Públicos de la empresa en Constitución, entre otros cargos.
Un fuerte cuestionamiento también sufrió el ministro Burgos por parte de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, tras el cambio de intendentes. Se le acusó de sólo realizar cambios en jefes regionales donde habían miembros del PPD y el PS, pero ningún DC, partido del jefe de gabinete de la Presidenta.
Tras la renuncia de Bustos, el ministro del interior dijo asumir "la responsabilidad personal en eso. Yo tampoco le pregunté. Él no me comentó, pero tampoco le pregunté. Quiero sí decir, que tal como muchas veces la ciudadanía perdona a las personas, aún antes de las resoluciones, en este caso se mide con otra vara, porque él había sido sobreseído", explicó el secretario de Estado.
El jefe de gabinete recalcó que Bustos no tuvo el rango de intendente y dijo que "había hecho un acto protocolar ayer, como se hizo en todas las intendencias, pero el decreto del nombramiento ni siquiera se alcanzó a mandar al trámite a la Contraloría. En rigor jurídico nunca asumió".
Como intendente subrogante en la región de Los Lagos quedó nombrado Juan Carlos Gallardo, actual gobernador de Llanquihue.
EL CASO INSUNZA
El 11 de mayo de 2015, Jorge Insunza dejó su cargo como diputado en el parlamento para asumir como ministro Secretario General de la Presidencia, tras la salida de Álvaro Elizalde y otros ministros del gabinete de la Presidenta Bachelet. Sin embargo, no alcanzó a estar un mes en el cargo –renunció el 7 de junio–, luego de ser cuestionado fuertemente por la oposición y la propia coalición gobernante, debido a asesorías que realizó su empresa a Codelco y la minera Antofagasta Minerals, cuando Insunza era presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados.
Un fuerte golpe no sólo para Insunza, sino también para un importante número de parlamentarios, que también realizaron en algún momento asesorías paralelas a sus funciones en el Congreso. Hoy el Parlamento discute un proyecto de Ley para que los diputados y senadores se dediquen exclusivamente a las funciones para las que fueron electos. Hoy la Segpres está liderada por Nicolás Eyzaguirre, en un nuevo reajuste de ministros que debió realizar la Presidenta.
EL INICIO DEL SEGUNDO GOBIERNO
Pero la salida de Insunza y Bustos no han sido las únicas renuncias que ha debido sufrir el segundo mandato de la mandataria. En los primeros días, luego de haber asumido el 11 de marzo de 2014, el gobierno debió enfrentar una serie de cuestionamientos en diversos puestos, debido a designaciones de profesionales en cargos que resultaban incompatibles con su desempeño en períodos anteriores.
Antes que incluso asumiera en su cargo, Claudia Peirano debió desistir en ser la subsecretaria de Educación, luego de ser cuestionada por sus opiniones contrarias a la educación gratuita en Chile y conflictos de interés.
"Yo sé que mi designación ha sido polémica, para mí y para mi familia no ha sido fácil lo que hemos vivido en los últimos días. Se han dicho cosas injustas e incorrectas sobre mi persona. Es por ello que he tomado contacto con la Presidenta para expresarle profundamente mis agradecimientos su gran apoyo así como lo que recibido de todos los integrantes del gobierno electo", dijo Peirano el 4 de febrero de 2014.
"He tomado esta decisión porque entiendo la importancia de esta reforma para el futuro del país. Ya que sería muy difícil poder trabajar con el sentido de urgencia y profundidad que se requiere con las críticas que se centre en mi persona y no en los contenidos de la reforma", agregó.
A tres días de asumir, Bachelet debió aceptar la renuncia de Carolina Echeverría, designada como Subsecretaria de las Fuerzas Armadas. Fue duramente cuestionada por organizaciones de Derechos Humanos que acusaban a su padre militar de haber sido torturador después del 11 de septiembre de 1973, junto a otras imputaciones referidas a acciones suyas como subsecretaria de Marina también durante el primer gobierno de la mandataria, que apuntaban a conflictos de interés.
Después de una semana de haber asumidos en sus cargos, debieron renunciar Marcela Riquelme Aliaga, Seremi de Justicia de la región de O'Higgins, debido a un "sumario injustificado iniciado en gobierno anterior, debí declinar mi nombramiento"; y la Seremi de Vivienda y Urbanismo de la misma región, Natalia Sánchez, por razones personales y para no dañar la imagen del nuevo Gobierno.
A todos ellos, se sumaron la gobernadora de Chiloé Claudia Placencio, tras la controversia generada a raíz de su ficha de protección social que la catalogaba como "indigente"; el gobernador Cristián Fernández, tras los cuestionamientos por haber sido destituido como alcalde de San Fabián de Alico, por la malversación de fondos por 600 millones de pesos; el gobernador de Antofagasta, Hernán Vargas, fue criticado por mantener el beneficio de la pensión Valech, cuestionándose si realmente fue un preso y torturado político en el tiempo de la dictadura; y el de Santiago, Salvador Delgadillo, debió renunciar por enfrentar una querella del CDE por malversación de recursos públicos desde 2010.
PURANOTICIA
