Esta mañana se produjo el desalojo de cerca de 30 familias que habitaban departamentos en dos edificios ubicados en calle General Mackenna de la comuna de Santiago.
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Esta mañana se produjo el desalojo de cerca de 30 familias que habitaban departamentos en dos edificios ubicados en calle General Mackenna de la comuna de Santiago.
Según informó el Municipio de Santiago, la acción fue la última etapa de un proceso iniciado en febrero de este año, fecha en que se firmó un "decreto de inhabilidad" para la expulsión de los habitantes de los dos edificios, en su mayoría inmigrantes peruanos.
La medida se basó en un informe de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). El documento señalaba la existencia de un riesgo inminente de incendio producto de un sistema eléctrico sobrecargado por conexiones hechizas correspondientes a múltiples subdivisiones de 18 departamentos residenciales.
Gracias a esta información, la Dirección de Servicios Sociales del Municipio pudo constatar en terreno que en cada una de las 18 viviendas aludidas existían cerca de 6 subdivisiones ilegales. De esta forma, en los departamentos habitaban más de 90 familias. El equivalente a 330 personas.
Se inició entonces un proceso gracias al cual cerca de 60 familias dejaron el lugar acogiéndose, en su mayoría, a los beneficios municipales de traslado gratuito de sus pertenencias, y un subsidio temporal para la cancelación del arriendo de sus nuevos domicilios.
Durante este proceso se postergó la desocupación de las viviendas en dos ocasiones de tal forma de dar facilidades para el abandono voluntario de los arrendatarios.
Finalmente, la mañana de este domingo, el proceso de desalojo se consumó pacíficamente, sin que se registraran lesionados o detenidos.
Respecto de la subdivisión ilegal de las viviendas y el subarriendo la Administradora Municipal (S), Gabriela Elgueta, declaró: "Hemos sido testigos de propietarios inescrupulosos que subarriendan ilegalmente con condiciones precarias y de hacinamiento que ponen en riesgo la vida de personas vulnerables. El municipio no va a hacer la vista gorda de esos graves problemas sociales y ha apoyado con subsidios y traslados con el fin de evitar una tragedia que podría costar vidas de muchas personas", explicó.
Los departamentos desalojados fueron clausurados y ahora los 11 propietarios de las 18 viviendas deberán regularizar la situación de los inmuebles y acabar con su uso ilegal.
pn/py
Aton Chile
