Patricia Muñoz, dijo lamentar el veto presidencial al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que ya había sido aprobado por el Congreso.
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La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, dijo lamentar el veto presidencial al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que ya había sido aprobado por el Congreso, y que es una de las dos instituciones que reemplazará al cuestionado Servicio Nacional de Menores (Sename).
El veto, que es aditivo, supresivo y sustitutivo, apunta, entre otros ámbitos, a eliminar la disposición transitoria, acordada en Comisión Mixta, que condiciona el inicio de funcionamiento del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia a la entrada en vigencia de ley que crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, que lleva tres años en su segundo trámite en el Senado.
"Resulta muy lamentable que el Ejecutivo haya optado por vetar esta ley, particularmente por tener dentro de los ámbitos del veto la eliminación de la norma que condicionaba el surgimiento del servicio a la ley de garantías, toda vez que es imprescindible que esta sea aprobada con extrema urgencia, para que guíe el comportamiento del nuevo servicio", señaló la abogada Patricia Muñoz.
La defensora de la Niñez se refirió a otro punto del veto, referido a la responsabilidad solidaria de los organismos colaboradores frente a vulneraciones de derechos de los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado, calificándola de "desproporcionada".
"No se debe, por ningún motivo, reducir las exigencias y condiciones a cualquier organismo, público o privado, que desempeñe las acciones del servicio. Cualquier acción en ese sentido solo perpetuará la flagrante y persistente situación de vulneración de derechos que han debido enfrentar, por décadas, los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado", advirtió la defensora de la Niñez.
Muñoz indicó que la creación del nuevo Servicio de Protección Especializada debe estar, necesariamente, vinculado de manera directa a la ley de garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. "Esa ley es urgente, prioritaria e indispensable, porque solo ella permite que las familias, la sociedad y el Estado puedan conducir sus acciones con la claridad de lo que involucra la relación con niños, niñas y adolescentes, en tanto sujetos de derecho y no meros objetos de protección", puntualizó.
"Tememos que finalmente el veto -aseveró- mantenga un sistema evidentemente deficiente y, lo que es más grave, que no ha sido capaz de proteger conforme su mandato, sino que ha expuesto a la población más vulnerable y más vulnerada en sus derechos a más episodios de victimización".
La defensora aseguró que "Chile es el único país de Latinoamérica que no cuenta con una ley de garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La falta de este marco legal específico afecta, de manera directa, la vida y el bienestar de ellos porque impide que las políticas públicas se diseñen, implementen y evalúen con un enfoque integral, transversal y concreto, en cumplimiento de los estándares establecidos en la Convención de los Derechos del Niño, por lo que seguir retrasando la urgencia de su surgimiento y la relevancia de su contenido, ahora en razón de este veto presidencial, solo perjudica las posibilidades de atender y proteger, de manera efectiva, a los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile".
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