De acuerdo a lo manifestado por la defensora penal pública, habría existido una vulneración de garantía constitucional.
La defensa penal pública de Camilo Gajardo apelará a la prisión preventiva que se le dio a su representado, imputado por colocación y activación de artefactos explosivos en la capital, entre enero de 2017 y mayo de este año.
El pasado 9 de agosto se decretó la prisión preventiva para el hombre, indicado por la Fiscalía Metropolitana Sur como el principal responsable de hechos vinculados con la colocación y activación de artefactos explosivos a Óscar Landerretche y Louis De Grange, además una bomba en un paradero en Vicuña Mckenna, en la Escuela de Agronomía de la Universidad de Chile, en el frontis de la Universidad Silva Henríquez y un artefacto incendiario al interior de un bus del Transantiago.
La defensa presentará dentro de los próximos días -ante el 12° Juzgado de Garantía de Santiago- el escrito para apelar a la prisión preventiva. De acuerdo lo que acusan, habría existido una vulneración de garantía constitucional.
La defensora penal pública del imputado, Alejandra Rubio, explicó que "en la formalización se expusieron argumentos que creemos no sirven ni siquiera como antecedente de carácter indiciario".
"La única evidencia que vincula a nuestro representado con dos artefactos se obtuvo con una vulneración de la garantía constitucional del derecho de la defensa, pues se privó a nuestro representado de la posibilidad de contar con una defensa letrada al momento de efectuar una diligencia investigativa", añadió.
Rubio aseguró que su representado es una persona que "hasta el momento de su detención estaba trabajando en una empresa con contrato, inserta en el mundo laboral y que por lo tanto cuenta con arraigo social y familiar. La prisión preventiva no es la única medida que se puede aplicar, pues ésta debe ser reservada para ocasiones en que el peso de la prueba sea superior al existente en este es caso".
El tribunal determinó un plazo de investigación de 150 días en este caso.
PURANOTICIA