El ex Senador UDI arriesga una pena de 21 años, ya que se le acusa por tres delitos reiterados y consumados: fraude al fisco, cohecho y delitos tributarios.
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El Tercer Tribunal Oral Penal de Santiago retomó en modalidad semipresencial las audiencias del juicio del caso Corpesca, en el cual los ex parlamentarios Jaime Orpis y Marta Isasi, además del exasesor Fernando Lobos y la propia empresa pesquera enfrentan cargos por cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco.
Tras un trabajo logístico desarrollado por el tribunal, junto a la coordinación de los detalles asociados con los intervinientes, se implementó un sistema semipresencial para retomar la etapa final de este juicio oral que se inició el 25 de marzo de 2019 y que a poco de cumplir un año -el 17 de marzo de 2020- debió ser suspendido tras la declaración de alerta sanitaria por covid-19.
Esta modalidad semiprensencial contempló, con la implementación de un estricto protocolo sanitario, la presencia de parte de las juezas e intervinientes de manera presencial –en una de las salas de mayor capacidad del Centro de Justicia de Santiago- mientras que las restantes partes litigantes lo hicieron a través de la plataforma Zoom.
De esta manera, las magistradas Doris Ocampo (presidenta) y María Inés González estuvieron presentes en la sala de audiencias, junto a los representantes del Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado y la defensa.
Por su parte, en modalidad virtual comparecieron las juezas Claudia Bugueño (redactora) y Katrina Chahin (alterna), además del Servicio de Impuestos Internos, los querellantes y acusados.
Al final de esta primera jornada semipresencial, el tribunal e intervinientes se manifestaron conformes con el desarrollo de la audiencia, lo que permitirá mantener la continuidad de este juicio oral tras la extensión del estado de emergencia anunciado por la autoridad el pasado viernes.
El principal inculpado es el ex senador Orpis, quien arriesga una pena total de 21 años de cárcel, ya que se le acusa por tres delitos reiterados y consumados. El primero, de fraude al fisco por $307 millones, por el cual se pide una pena de 12 años de presidio, la inhabilitación para cargos u oficios públicos perpetua, y una multa del 50% del perjuicio.
El segundo por cohecho, por el cual se solicita una pena de seis años, la inhabilitación para cargos u oficios públicos perpetua, y una multa por el beneficio solicitado. Y el tercero, por delitos tributarios, por el que se piden tres años y un día y una multa de 40 unidades tributarias mensuales.
PURANOTICIA
