El Senado aprobó el proyecto de aumentar las sanciones a quien filtre información de investigaciones en curso, situación que ha sido calificado como una auto defensa del mundo político.
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El Senado aprobó en la víspera del feriado largo de Semana Santa una indicación introducida durante la tramitación de la llamada "Agenda Corta Anti-delincuencia", que llevará a castigar penalmente a toda persona "que realizare acusaciones infundadas u omitiere maliciosamente la práctica de actuaciones procesales", según informó La Tercera. La norma propuesta en el Congreso busca imponer sanciones que van desde 60 a 541 días de presidio a quienes revelen antecedentes de las causas relacionados con quienes intervienen en ellas.
Distintas reacciones ha generado esta medida. Uno de los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta donde se analizó la iniciativa, el UDI Hernán Larraín, la defendió atribuyéndosela al gobierno y asegurando que se elaboró a petición del Ministerio Público y el propio fiscal nacional Jorge Abbott. El dirigente gremialista descartó que esta normativa pudiera tener consecuencias para los medios de comunicación. Precisamente uno de los puntos más debatidos del polémico proyecto.
Diputados oficialistas también anunciaron en una primera instancia que apoyarán la iniciativa aprobada por el Senado. El jefe de la bancada del PPD, Ramón Farías, sostuvo a CNN Chile que con esto "lo fundamental es proteger la información de una investigación", y no es una normativa que "coarte la libertad de prensa". Además remarcó que esta "no es una ley mordaza" contra la prensa, por lo que "hay que aclarar esta indicación", sostuvo.
Aunque, posteriormente, se mostró más abierto a debatir el tema, señalando que el partido "está dispuesto" a corregir la situación. "Éste es un tema ampliamente debatible, ya que no existe claridad respecto a quiénes podrían ser sancionados, dando pie a que las penas puedan recaer sobre fiscales, actuarios, abogados e incluso medios de comunicación", aseguró Farías. Asimismo, sostuvo que "nosotros estamos dispuestos a corregirla para resguardar la libertad de prensa y que se establezca claramente que los periodistas no sean sancionados".
"Aquí lo fundamental es proteger la información de las causas o procesos judiciales que se están investigando, ya que la filtración de información podría alertar sobre la dirección de una investigación perjudicando que ésta pueda llegar a buen puerto, e incluso ir en contra de la presunción de inocencia"; agregó el parlamentario.
Una vuelta al secreto de sumario
Los fiscales fueron los primeros en reclamar contra esta modificación planificada en el Senado y que fue agregada como artículo en la agenda anti delincuencia. Claudio Uribe, presidente del gremio, consideró que la medida "es una norma para los fiscales innecesaria, porque ya tenemos normas relativas al secreto administrativo y penal", señaló. Junto con agregar que "no corresponde que se cree una norma penal tan amplía que cualquiera que entregue alguna información pueda ser objeto de sanción penal. Eso es ir demasiado lejos. Es paradójico que incluso tiene penas más altas que delitos que pueden estar protegidos por esta reserva".
Las críticas también llegaron desde la Corte Suprema en boca de su presidente, Hugo Dolmestch, quien consideró necesario "estudiar bastante" la indicación. "Es una especie de vuelta al secreto de sumario o algo parecido", señaló el magistrado. "Si se trata de una norma que va a impedir la publicidad, y si bien es cierto que en la actual ley existe una forma de control, va a influir en la organización de los tribunales de justicia", agregó Dolmestch.
Investigaciones vigentes por filtraciones
Sin embargo, la crítica más dura a la ley es su poca claridad a la hora de definir a quiénes se sancionan. No sólo afectará a fiscales, sino que también a los abogados, periodistas, ciudadanos comunes, testigos e incluso a las víctimas de un delito. "Los políticos intentan protegerse, las presiones ya han amarrado al SII, que lleva un año cavilando, si se querella o no contra políticos beneficiados por dinero de SQM", señaló el periodista de CNN Chile, Daniel Matamala.
De esta manera, se teme que con la mencionada ley, sea mucho más fácil presionar a los fiscales públicos para sepultar evidencia. Gracias a este tipo de filtraciones, tan criticadas por el mundo político, algunos aseguran que el fiscal Gómez se vio forzado a seguir una nueva veta investigativa a partir de las filtraciones de correos entre Longueira y Contesse.
Se asegura que al menos 14 investigaciones por filtraciones en las causas Penta, SQM, Corpesca y Caval tiene vigentes el Ministerio Público, desde que asumió el actual fiscal nacional, Jorge Abbott. Todas las indagatorias partieron por la denuncia de alguna persona, ya sea interviniente -abogado defensor- o por un tercero que presentó un reclamo ante el Ministerio Público, como fue el caso de la UDI el año pasado, sostuvo, cuando era fiscal nacional Sabas Chahuán.
Felipe Harboe, por su parte, aseguró que la norma no debería aplicarse a los medios de comunicación, sino que está pensada para las declaraciones secretas del Ministerio Público, en causas relacionadas con narcotráfico, lavados de activos, entre otros ilícitos. El presidente de la Comisión de constitución del Senado, el PS Alfonso de Urresti, tuvo una posición similar, agregando que "eso se aplica a los que tienen deber de resguardar el secreto. En ese caso la culpa no es la del que la recibe. No pondría el problema en la prensa".
La utilidad de la ley en casos de narcotráfico es uno de los argumentos esgrimidos para justificar la modificación de la norma que sanciona filtraciones de información. Sin embargo, la ley 20.000 sobre drogas contemplaba estos resguardos con antelación. El senador independiente y ex presidente del Colegio de Periodistas, Alejandro Guillier, aseguró que hay que sacar un aprendizaje de esto para que "los proyectos de ley se discutan con seriedad, artículo por artículo".
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