Con la acción judicial, el timonel del PRO busca que le restituyan los derechos políticos y ciudadanos -como derecho a voto- que le fueron revocados por la acusación en su contra de financiamiento ilegal en el marco del Caso SQM.
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La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección presentado por la defensa del excandidato presidencial y líder del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, contra del Servicio Electoral (Servel).
Con la acción judicial, el timonel del PRO busca que le restituyan los derechos políticos y ciudadanos -como derecho a voto- que le fueron revocados por la acusación en su contra de financiamiento ilegal en el marco del Caso SQM.
Al respecto, el fallo del tribunal de alzada, "atendido el mérito de los antecedentes, los argumentos esgrimidos y tomando especialmente en cuenta los datos que fluyen de la impresión de pantalla y comunicación por correo electrónico que se adjuntan al libelo de recurso, se acoge la reposición, y en consecuencia se deja sin efecto la resolución de diez de junio pasado".
De igual forma, la Primera Sala del Tribunal de Alzada solicitó al Servel un informe con todos los antecedentes relacionados con el caso, los cuales deberán ser entregados un plazo máximo de 5 días.
El recurso explicó que el Servel ordenó "no permitir al señor Enríquez-Ominami Gumucio a la inscripción de su candidatura a primarias para la nominación al cargo de Presidente de la República por el Partido Progresista de Chile, ni a ningún otro cargo de elección popular en elecciones directas -en especial, el de Presidente de la República-, por considerar erróneamente que el recurrente, supuestamente, habría perdido la calidad de ciudadano con derecho a sufragio".
La acción judicial presentada por los abogados de "ME-O", Ciro Colombara, Carola Cotroneo y Aldo Díaz, apunta a que su representado "no está condenado" y que la suspensión de sus derechos políticos se fundamenta en delitos que "merecen pena aflictiva".
"Desde hace más de 4 años que nuestro representado es objeto de una investigación penal por parte del Ministerio Público, por hechos que ocurrieron entre 11 y 6 años atrás y hace más de 2 años que se encuentra con su derecho a sufragio suspendido, sin que, a la fecha, éste haya sido sometido a un juicio oral", indicó el texto.
En tanto, Enríquez-Ominami consignó que "quiero tener los derechos que tiene cualquier ciudadano y es injusto que me los quiten de un día para otro sin respetar mi derecho a la presunción de inocencia ni menos, a ser juzgado en un plazo razonable".
PURANOTICAI
