El proyecto no sólo no cuenta con todo el apoyo de la administración de Bachel4et, sino que además se estaría intentando boicotear.
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Continúa el debate entre el Gobierno y los parlamentarios de la Nueva Mayoría, para intentar llegar a un acuerdo frente al control preventivo de identidad.
Cabe mencionar que éste facultará a los funcionarios de la policía a exigir identificarse a quienes tengan más de 14 años lo cual, según se propone, se llevaría a cabo a través de la implementación de equipos tecnológicos en vehículos policiales y no en las comisarías.
Es por ello que la iniciativa apunta a instaurar un control biométrico de las personas en plena vía pública, por lo que solo serían trasladados a las unidades, en caso de que se negaran a ser controlados o tuvieran una orden pendiente de detención.
En ese contexto el diputado DC, Gabriel Silber, señaló que esta "es la bala de plata que puede terminar salvando el control preventivo de identidad. Nosotros queremos que este control sea in situ, vale decir, evitemos el desplazamiento hasta una unidad policial. Con esto evitamos, incluso, la obligación de llevar cualquier documento".
"Esto no es tozudez de los parlamentarios que no lo hayamos propuesto, porque lo hemos señalado en varias ocasiones, pero no podemos proponer medidas que irroguen gastos desde el punto de vista parlamentario. Entonces, la pelota la tiene el Gobierno. Ayer tuvimos una franca conversación con la ministra Javiera Blanco y ella quedó de explorar el patrocinio de esta iniciativa", afirmó el parlamentario a radio Cooperativa.
Además, Silber explicó que este sistema no presentaría gran dificultad en ser implementado, ya que "hoy día Carabineros tiene prácticamente dos terceras partes de este sistema operativo en el país".
Pese a ello, este control biométrico de la identidad no termina por convencer a la bancada socialista, pues siguen manifestando su rechazo ante la eventual vulneración de derechos de los menores de edad.
"No nos deja satisfechos. No basta solo el control biométrico digital, sino que el artículo tiene que tener mejor equilibrio que permita resguardar el derecho de las personas, en el sentido de la acción frente a los menores de 18 años, que muchos no tienen sistemas de identificación", declaró el jefe de la bancada PS, el diputado Juan Luis Castro.
"Los grupos de etnias mapuche y todos aquellos niños que no van al colegio, tampoco están registrados o identificados, por lo que son vulnerables de sufrir abusos de la acción policial que requiere una regulación", añadió Castro.
Distintas versiones
A pesar de las diferencias, todo indica que el Ejecutivo mantiene el interés por despachar el proyecto antes del próximo 21 de mayo, para que sea parte de la cuenta pública de la Presidenta Michelle Bachelet.
Sin embargo, fuentes de Gobierno han señalado que, paralelamente y en reserva, la mitad de la administración de la Mandataria opera en contra de la aprobación de esta polémica iniciativa.
De hecho, se estarían realizando gestiones, tales como llamados a diversos parlamentarios desde algunos ministerios, para explicarles que el rechazo al proyecto no será considerado un revés político para la jefa de Estado.
Frente a este escenario, el Ministro del Interior, Jorge Burgos, permanece como el único que realmente realiza gestiones para salir adelante con la normativa sobre el control preventivo de identidad.
Con miras a avanzar en él, Burgos se reunió este martes con las bancadas de diputados de la DC y el PPD, además de exponer en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El Ministro insiste en lo relevante que es para el Gobierno lograr su aprobación.
No obstante, otras versiones coinciden en que Bachelet no quiere que se apruebe esta norma, pues contradice el sustento del discurso pro-derechos de la coalición ya que, por más resguardos que se tomen, el control preventivo de identidad inevitablemente abrirá una puerta a fomentar la discriminación con los sectores más vulnerables.
Asimismo, en el Gobierno señalaron que las últimas semanas la Presidenta ha recibido mensajes directos de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, reclamando por el control preventivo de identidad.
Al respecto, la Unicef ha planteado su postura crítica frente al control preventivo. En un comunicado oficial publicado en su página web, precisó que el organismo ha sido "enfático en señalar que la delincuencia juvenil debe abordarse con medidas de largo plazo que se hagan cargo del problema de fondo. Y no con iniciativas cortoplacistas que no contribuirán a reducir el número de adolescentes involucrados en hechos delictuales, explicitando que no hay evidencia que demuestre que el control preventivo de identidad tenga éxito en esta materia".
El texto agrega además que "la medida no satisface los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por Chile en 1990, y presenta problemas asociados a la observancia de otros tratados internacionales sobre derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según el derecho internacional, los niños, niñas y adolescentes deben tener salvaguardias especiales cuando están en contacto con la justicia en calidad de imputados de un delito, como víctimas o testigos".
Finalmente, Unicef recalcó que los menores de 18 años no están obligados a portar ningún documento de identificación, lo que claramente dificultará la diligencia policial.
PURANOTICIA
