El organismo señaló que sólo una de las entidades existía legalmente, por lo que su unión no tendría validez.
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La Contraloría General de la República impugnó la fusión de las AFP Cuprum y Argentum, ambas pertenecientes al grupo económico estadounidense Principal Financial Group, por la falta de validez en la legalidad de una de las instituciones.
El pasado 2 de enero del 2015, el proceso de fusión fue aprobado por la Superintendencia de Pensiones y permitió a Principal eludir el pago de 80 mil millones de pesos en impuestos merced a un beneficio denominado goodwill.
En diciembre del año pasado, la Contraloría General de la República había expuesto sus reparos haciendo hincapié en que la fusión no podía ser legal, ya que para llevarse a cabo debían existir dos AFPs y en este caso sólo estaba constituida Cuprum. Por ello, tanto la Superintendencia y Principal intentaron objetar la competencia del órgano fiscalizador para referirse al tema.
El organismo respondió a las inquietudes presentadas por la propia Superintendencia, liderada hasta por Tamara Agnic y Principal. En el dictamen de la contralora subrogante, Patricia Arriagada, el organismo aseguró ser competente y reiteró que la autorización que dio la ya renunciada superintendenta Agnic, fue ilegal.
Agnic había puesto en entredicho la competencia de la Contraloría para intervenir en ese asunto, al estimar que la materia analizada se encontraba dentro de sus atribuciones técnicas y que, además, estaba sometida al conocimiento de los tribunales de Justicia.
"La definición legal de fusión supone la existencia de dos o más sociedades y que, en la especie, al momento de verificarse la fusión, solo existía válidamente la AFP Cuprum S.A. y no la AFP Argentum S.A., por lo que esa figura no pudo operar conforme a derecho", señaló el texto oficial firmado por la contralora subrogante Patricia Arriagada.
Cabe destacar que hace algunas semanas Tamara Agnic, a cargo de la Superintendencia en la época de la aprobación, renunció a su cargo acusando intervención por parte de la ministra del Trabajo, Ximena Rincón. La ministra, junto a los diputados de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín y Patricio Vallespín, fueron las voces más críticas de esta fusión que permitió la elusión de un monto considerable de tributos.
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