Los funcionarios públicos hicieron viajes a China, Ecuador, Cuba, entre otros sin que estas actividades hayan estado relacionadas con el quehacer municipal.
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A través de su sitio web, la Contraloría General de la República anunció este viernes que durante el 2018 y 2019 objetó una serie de viajes al extranjero de alcaldes, concejales y funcionarios de diversos municipios, por un monto de $105.002.399.
En la mayoría de los casos se cuestionó viáticos, compra de pasajes, reembolsos, gastos a rendir o improcedentes, puesto que los funcionarios públicos viajaron a China, Ecuador, Cuba, Colombia y México, entre otros lugares, sin que las actividades hayan estado relacionadas con el quehacer municipal o contribuido a mejorar sus conocimientos o destrezas.
En total son ocho municipios cuestionados: Hijuelas, Cauquenes, Cunco, Santo Domingo, Concepción, Quilicura, Maule y San Pedro de La Paz.
En el caso de Hijuelas, por ejemplo, Contraloría asegura que se pagó inscripciones, viáticos y pasajes por $22.296.510 para la participación de concejales y funcionarios en una pasantía realizada en Quito, Ecuador, sin que se haya advertido una relación entre las materias abordadas y las funciones de quienes participaron.
Por su parte, se comprobó que la Municipalidad de Quilicura pagó $15.900.000 por la capacitación "Encuentro entre funcionarios de Chile y Cuba, sistemas de educación, salud, tercera edad y poder popular", llevada a cabo en La Habana y Varadero, Cuba, sin que se advirtiera que tal actividad se relacione con las funciones de quienes fueron designados, pertenecientes a la planta administrativa y auxiliar del municipio, y no a las áreas de salud o de educación.
Otro caso que llama la atención es el de la Municipalidad de Cauquenes, que aprobó capacitaciones internacionales, pero no se fundamentó la necesidad de que concurrieran esos concejales, o las razones por las cuales fueron elegidos. Tampoco se constató de qué manera su participación habría incrementado sus conocimientos y destrezas para el buen desempeño de sus cargos en materias relacionadas con la gestión. En este caso la Contraloría objetó $22.249.517.
Si bien los municipios pueden responder a la auditoria de Contraloría, los fondos cuestionados deben ser devueltos en un plazo de 30 o 60 días, dependiendo del caso.
PURANOTICIA
