Este lunes, el contralor Jorge Bermúdez participó en una nueva sesión de la comisión investigadora por el convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y Espacio Riesco.
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Este lunes se llevó a cabo una nueva sesión de la comisión investigadora por el convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y Espacio Riesco para ocupar sus dependencias como recinto asistencial en medio de la pandemia de Covid-19 que afecta al país.
Durante la instancia en el Congreso participó el contralor, Jorge Bermúdez, quien detalló las observaciones que se han realizado por parte de su institución.
En relación a las razones para representar el contrato objetado, sostuvo que "si uno tuviera que resumirla, diría que aparentemente se estarían pagando, en dos contratos, tanto en el arriendo como en el de prestación de servicios, las mismas prestaciones", según consignó La Tercera.
Posteriormente, señaló que "la Contraloría tiene a la vista el contrato de arriendo y resulta que, en ese contrato, usted ya está pagando algunas cosas que parece que están repetidas acá en este contrato".
Asimismo, surgen dudas porque no se entregan los antecedentes suficientes para sustentar los valores que se asignan a las distintas prestaciones.
A su vez, Contraloría objeta la prórroga automática que se establece en el propio contrato.
El contralor aseguró que también compararon las "prestaciones de servicios de recintos hospitalario con aquellas obligaciones que estaban en el contrato de arrendamiento, que no había pasado por la Contraloría. Eso es algo que tiene que aclarar el Servicio de Salud todavía. Se supone que lo va a aclarar".
Bermúdez detalló que existen dos observaciones a las prestaciones específicas, una es explicar cómo estas prestaciones no se superponen con las que ya están en el contrato de arriendo y la segunda es por qué se paga determinado precio por prestaciones.
"Nosotros no estamos diciendo que no se pueda pagar un poco más, lo que estamos diciendo es que aclare cómo llegó a estos precios que está pagando para llegar a ese nivel de $1.600 millones", precisó.
"Lo que nosotros tenemos que ahora comprobar y es cuántos metros efectivamente se utilizaron", ya que el contrato establece un determinado valor por metro cuatro.
Respecto a la fiscalización que han realizado en materia de salud durante los últimos meses, Bermúdez manifestó que, "la verdad es que nosotros como Contraloría, muchos de los contratos de compra que hemos revisado, hemos tenido que tener un criterio más flexible respecto de los precios, porque obviamente en la situación de pandemia muchas cosas que antes costaban un determinado precio subieron muchísimo producto de simplemente oferta y demanda o también producto de especulación. Sin ir más lejos, el precio de los ventiladores mecánicos se multiplicó en un determinado momento y eso hizo que nadie objetara esa contratación por el precio porque se entendía que estábamos en una situación muy crítica".
Finalmente el contralor afirmó que "la verdad es que nosotros no hemos sido insistentes con el Servicio de Salud respecto de esa aclaración, no porque no la tengamos en mente, sino que sencillamente porque hay que entender que están enfocados los esfuerzos en otra cosa en este momento, y no en resolver un tema con la Contraloría. También hemos ido siendo más flexibles con los plazos para poder aclarar la resolución", cerró.
Cabe recordar que el pasado 9 de julio la Contraloría declaró ilegal uno de los contratos suscritos entre el Ministerio de Salud y Espacio Riesco, debido a una presunta duplicidad de prestaciones por las que se habrían realizado cobros.
PURANOTICIA
