El Consejo para la Transparencia valoró que el Congreso haya despachado el proyecto de ley que modifica la legislación electoral para evitar que los listados de padrones.
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El Consejo para la Transparencia (CPLT) valoró que el Congreso haya despachado el proyecto de ley que modifica la legislación electoral para evitar que los listados de padrones electorales y nóminas definitiva, publicadas por el Servel, den acceso a datos personales, como RUT, sexo y domicilio electoral, de los votantes y aquellas personas inhabilitadas para sufragar.
Durante su discusión en el Parlamento, el organismo fue invitado a proponer cambios a la normativa, que ahora debe ser revisada por el Tribunal Constitucional (TC) para un control preventivo de constitucionalidad, antes de ser oficial.
"El Consejo plantea desde hace tiempo que esta obligación implicaba una exposición excesiva de información personal que no era necesaria para dar cumplimiento al fin de dar publicidad a los padrones electorales, por lo que estamos a la espera de que se superen los últimos pasos previo a su promulgación", aseguró la titular del CPLT, Gloria de la Fuente.
En esa línea, manifestó que "como institución presentamos propuestas de mejoramiento a esta iniciativa, incorporando herramientas que permiten asegurar un debido resguardo a datos personales y sensibles. Hay que considerar que desde 2018 la protección de los datos personales está consagrado como un derecho constitucional, por lo que planteamos la necesidad de revisarlo".
Además, detalló que la postura del organismo respecto de la difusión de datos como el RUT en listados como el padrón electoral no se asocia a decisiones de la institución, sino que se trata de una obligación establecida en la Ley Electoral, recalcando "permanente preocupación que ha tenido el Consejo para la Transparencia para proteger adecuadamente los datos personales y sensibles de los chilenos y chilenas".
De la Fuente aclaró también que la entidad que encabeza no busca negar o poner cortapisas al acceso a datos personales desde fuentes públicas, sino que esto ocurra "bajo reglas claras", para lo que se requiere avanzar en un ecosistema de seguridad de los datos que implica no sólo mejoras al marco regulatorio como la que despachó el Parlamento.
"Es necesario contar con una normativa que impida usos abusivos o exposiciones injustificadas, pero que asegure que quienes en el ejercicio de una función académica o de definición de políticas públicas pueda acceder a esta información y no deban buscar caminos alternativos para levantar datos relevantes de la población", dijo.
La titular del Consejo comentó además que el proyecto despachado por el Congreso contempla un aumento de las multas ante el uso de fines no electorales de los datos del Registro Electoral o padrones.
"Lo que se busca es reforzar tratamientos no autorizados de información personal de los votantes sin restringirlo sólo a fines comerciales, sino también considerando los avances tecnológicos, que implican el uso de información para objetivos que no son académicos y que pueden asociarse por ejemplo al perfilamiento de los votantes. Una cuestión que adquiere enorme relevancia en un año en que enfrentaremos siete procesos electorales", sentenció De la Fuente.
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