Durante la tarde de este miércoles, se dio luz verde a las modificaciones de la ordenanza 59 que dice relación al comercio estacionado y ambulante en Bienes Nacionales de Uso Público.
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El Concejo Municipal de Santiago aprobó este miércoles las modificaciones a la ordenanza 59 que dice relación al comercio estacionado y ambulante en Bienes Nacionales de Uso Público. Durante esta instancia, se le realizó una detallada presentación al Ministro del Interior, Jorge Burgos, sobre la realidad de la comuna en materia de comercio ambulante.
Con estos cambios a la ordenanza se busca un nuevo marco regulatorio, que incluye la creación de una subdirección especializada que estará encargada de evaluar esa materia.
Además, se ampliaron los requisitos para obtener permisos y se podrá declarar zona saturada de comercio en espacio público con el fin de reducir su cantidad.
La normativa vigente fue elaborada en 1994, por eso el Municipio habría propuesto hacer estas modificaciones.La nueva regulación va en la línea del ordenamiento integral del espacio público que lleva a cabo la Municipalidad de Santiago y que ha generado un orden en las autorizaciones para trabajar en espacios públicos, limitando las antiguas "tolerancias" y otorgándolas únicamente a personas con complejos problemas sociales y, en un 70%, a discapacitados.
Las nuevas modificaciones aprobadas por el Consejo Municipal tienen relación con ampliar el giro comercial que pueden ejercer los permisionarios; se ampliaron las sanciones, por lo que los incumplimientos en las normativas generarán la caducidad de las autorizaciones en caso de tres infracciones. A eso se suma la creación de una nueva Subdirección de Actividades Comerciales en Bienes Nacionales de Uso Público,la que también fue aprobada.
En los próximos meses el municipio estrenará nuevos carros para ese tipo de comercio, con el fin de que los clientes y los fiscalizadores sepan claramente quiénes se encuentran dentro del marco jurídico.
Dentro de las propuestas que se evaluaron en el Consejo Municipal, están aquellas que buscan reforzar las facultades de los fiscalizadores, en especial que puedan solicitar el carnet de identidad a personas que cometan infracciones, en el desarrollo de legislación con la finalidad de proteger su integridad y sancionar, por último, a quienes busquen obstruir su trabajo.
Finalmente, el consejo determinó un plazo de 60 días con el fin de revisar los avances del trabajo de la instancia.
Pn/ci
AGENCIA UNO
