En el caso de Orpis, el principal acusado, no se acreditó delito tributario de facilitación de boletas de honorarios, pero sí fue declarado culpable por fraude al fisco y de cohecho.
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El Tercer Tribunal Oral Penal de Santiago emitió este miércoles veredicto en el juicio del "caso Corpesca", en el cual el ex senador UDI Jaime Orpis, su ex asesor Fernando Lobos, la ex diputada UDI Marta Isasi y la propia empresa pesquera enfrentaron cargos por cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco
En el caso de Orpis, el principal acusado, no se acreditó delito tributario de facilitación de boletas de honorarios, pero sí fue declarado culpable por fraude al fisco y de cohecho.
En cuanto al fraude al fisco, se le acusó por un monto de $307 millones, y la fiscalía pidió una pena de 12 años de presidio, la inhabilitación para cargos u oficios públicos perpetua, y una multa del 50% del perjuicio.
Por cohecho, la fiscalía solicitó una pena de seis años, la inhabilitación para cargos u oficios públicos perpetua, y una multa por el beneficio solicitado.
En tanto, la ex diputada fue absuelta del cargo de delito tributario. Para esto último, la razón del tribunal fue que el Servicio de Impuestos Internos no perseveró en la querella en su contra y tampoco presentó cargos a través del Consejo de Defensa del Estado. Además, el tribunal consignó que la fiscalía no está facultada para imputar delitos tributarios. En cambio, el tribunal la declaró culpable por el delito de cohecho.
El juicio se inició el 25 de marzo de 2019, pero a poco de cumplir un año -el 17 de marzo de 2020- debió ser suspendido tras la declaración de alerta sanitaria por covid-19. Se retomó de manera presencial el 15 de septiembre pasado.
De esta manera, las magistradas Doris Ocampo (presidenta) y María Inés González estuvieron presentes en la sala de audiencias, junto a los representantes del Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado y la defensa.
Por su parte, en modalidad virtual comparecieron las juezas Claudia Bugueño (redactora) y Katrina Chahin (alterna), además del Servicio de Impuestos Internos, los querellantes y acusados.
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