Presentado por la bancada PPD e independientes, el texto contó con 90 votos a favor y solo uno en contra, del diputado Javier Macaya (UDI).
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La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución donde expresa su preocupación y rechazo frente a la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la región de Coquimbo de sesionar extraordinariamente y aprobar la controversial incursión minero-portuaria Dominga.
Presentado por la bancada PPD e independientes, el texto contó con 90 votos a favor y solo uno en contra, del diputado Javier Macaya (UDI).
La diputada Cristina Girardi (PPD), autora de la iniciativa, destacó que "el proyecto de acuerdo que presentamos con 90 votos y donde muchos se abstuvieron lamentablemente tiene que ver con la resolución de la COEVA de aprobar Dominga cuando ya había sido rechazado, con un recurso de casación pendiente, lo que es irregular".
"Además la Conaf emitió informes que son absolutamente contrarios a la realización del proyecto y el seremi de Agricultura nunca presentó los antecedentes de la Conaf en el consejo resolutivo que terminó aprobando el proyecto", añadió.
Girardi advirtió que "el proyecto se aprueba a pocos días de ser emitido el informe del IPCC planteando una situación catastrófica con respecto al cambio climático y que insta a los países a tomar decisiones que sean favorables al medio ambiente y no desfavorables, como es el proyecto de Dominga".
"Vamos a recurrir también a otras instancias legales, pues nos parece una grosería total esta decisión de la COEVA de aprobar un proyecto en estas condiciones. Acá uno puede especular que acá se están protegiendo los intereses de los dueños de estos proyectos por sobre el medio ambiente. Lo que le ha interesado al Servicio de Evaluación Ambiental y a la COEVA es defender a los privados y no al medio ambiente", sentenció.
Por su parte, su par Ricardo Celis (PPD) criticó que "revisar nuevamente el proyecto Dominga, pese al rechazo en su oportunidad por el consejo de ministros y estando pendiente recursos judiciales, es una pésima señal del poder político-económico, donde se privilegia lo económico en una mal comprensión de la emergencia climática. Estas son malas noticias para un área protegida, para la región y para el planeta".
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