A la sesión asistieron los ministros de Interior y Justicia, Jorge Burgos y Javiera Blanco, además del subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, y representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
visitas
La comisión de Constitución del Senado inició hoy la discusión del proyecto de ley que facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación, y mejora la persecución penal en dichos delitos. La iniciativa se conoce como agenda corta antidelincuencia.
A la sesión asistieron los ministros de Interior y Justicia, Jorge Burgos y Javiera Blanco, además del subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, y representantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Entre los principales aspectos del mensaje presidencial que ingresó al Parlamento en enero de este año, la iniciativa busca restringir el efecto de la aplicación de atenuantes en delitos en contra de la propiedad, como son los robos con violencia o intimidación, robos con fuerza en las cosas, hurtos, abigeatos y receptaciones.
También aumenta las penas en caso de reincidencia de los delitos mencionados y en receptaciones superiores a las 400 UTM, entre otros.
Al término de la sesión, el senador Alberto Espina (RN), quien integra dicha instancia legislativa, señaló que "hemos pedido al gobierno que a este proyecto le dé suma urgencia, hay que tramitarlo con rapidez".
Asimismo, Espina aseguró que la iniciativa es de "enorme importancia ya que otorga más facultades a las policías, además realiza cambios en la legislación penal que apunta a que los delincuentes queden en la cárcel, particularmente los autores de los robos violentos que son los delitos que tienen mayores niveles de impunidad".
En relación a la propuesta del Ejecutivo, el parlamentario RN expresó que "hay casos donde se establece que la pena deba cumplirse efectivamente en la cárcel, en donde se impida que se rebaje del marco que establece la ley, hay facultades para las policías para que realicen mejores diligencias y existe el control preventivo de identidad, que es fundamental para capturar a los 66 mil prófugos de la justicia que existen en el país".
"Tal como dijo el ministro del Interior, la situación en nuestro país ha llegado a límites intolerables desde hace muchos años y es una deuda del Estado de Chile con los ciudadanos, y su deber es garantizar la seguridad y la paz social", precisó.
Pn/ci
AGENCIA UNO
